Cuando se trata de información, el Gobierno no improvisa. Tampoco escatima esfuerzos ni recursos para controlar todos los procesos de comunicación internos y externos al Régimen
Esa sofisticada maquinaria es operada por la Secretaría Nacional de Comunicación, dirigida por Fernando Alvarado, un fluminense que tiene una licenciatura y un doctorado en comunicación en universidades locales
Un plan -al que este Diario accedió- que se ha ido ajustando en el camino es el eje de la política informativa oficial. Se alimenta, entre otras fuentes, de la información que producen 30 ministerios y 11 secretarías. Su objetivo es “garantizar una acción sistemática, orgánica, ordenada y responsable, en procura de los objetivos del Gobierno”.
Pocos gobiernos han sido tan obsesivos con el control, centralización y cruce de la información. Marcelo Cevallos, secretario de Comunicación del gobierno de Lucio Gutiérrez, explica que en su época “cada ministerio manejaba su política de comunicación. Eso fue un error”, admite. “No existía en la Presidencia ni un equipo de periodistas, ni para tareas de comunicación. Solo le pasaban resúmenes de lo que difundían los medios”.
Hoy, la Secom (cuyo presupuesto está unificado al de la Presidencia) es el principio y fin del sistema informativo. Bajo su mando trabajan tres subsecretarías: de Información, de Innovación y Nuevos Medios, y la de Comunicación Política.
Cada una es un eslabón de la cadena comunicacional. La Subsecretaría de Información coordina las ruedas de prensa, la Cabina de Carondelet (un espacio para entrevistar a los ministros), el enlace ciudadano, las cadenas nacionales, boletines...
La Subsecretaría de Innovación se encarga de las coberturas noticiosas para el diario oficialista El Ciudadano (impreso y digital) y el programa El Ciudadano TV. Trabajan 10 periodistas. Además, dirige la Agencia de Noticias Andes.
Para cada medio oficial, los ministros o voceros de las instituciones deben proponer temas para ser entrevistados o para difundirlos como noticias. Asimismo, deben enviar una ayuda memoria del trabajo realizado. Según Sharon Herrera, encargada de comunicación de la Secretaría del Agua, a más del trabajo de comunicación ministerial deben enviar reportes al Presidente.
La Subsecretaría de Comunicación Política tiene un rol clave. Coordina con el Gabinete y establece el discurso político que manejarán las instituciones para cada coyuntura. Para esto usan la “Ficha Base del Discurso Político Unificado”, enviada por la Unidad Interministerial. Este documento marca la línea política y el mensaje que deben destacar.
Asimismo, la entidad mantiene una base de datos de personas vinculadas con el Gobierno, beneficiarios de los programas sociales y actores políticos.
Toda esta información se sistematiza en la Secom, a través del Sistema de Información para la Gobernabilidad (Sigob). Aquí se registran los pedidos de entrevistas con los medios de comunicación, públicos o privados.
“La Asesoría de Comunicación podrá insistir en un espacio para entrevistas que cada uno de los ministerios solicita a los medios públicos e incautados para poder aclarar o destacar temas importantes”, indica el documento de la Secom, que es empleado para capacitar a los directores de comunicación de las entidades. Esa difusión tiene prioridades: las más importantes son las que dispone el Presidente, luego la de los ministros y finalmente por pedido de los medios públicos.
Esa prelación se evidencia en los contenidos. Un estudio de Fundamedios de las noticias publicadas en El Telégrafo, entre el 10 de agosto y el 17 de septiembre del 2009, establece que los principales actores noticiosos (23,6%) son los funcionarios públicos. En este caso, un dato es elocuente: no hubo temas de denuncia ni casos de corrupción. En Gama TV el patrón fue similar. Las autoridades gubernamentales (con 105 apariciones) coparon los espacios informativos. Esa tendencia se mantuvo en TC Televisión, con el 35,9%.
Esas presiones recaen directamente sobre algunos periodistas. Un reportero de El Telégrafo, que pidió la reserva, recuerda que en una ocasión una colega debió escribir una nota ‘positiva’ de la Secretaría de Pueblos. “Mi compañera llamó a Guayaquil y le dijeron que lo hiciera. Ahí noté que este periódico no es tan público como dicen”.
Para el comunicador de la Flacso Gustavo Abad, quien recientemente dejó la página editorial de El Telégrafo, un sector del Régimen confunde la información con propaganda. “Creen que los medios públicos deben alinearse con el Gobierno, cuando se deben a la comunidad”.
Un periodista de uno de los medios incautados confirma que ha habido presiones desde ‘arriba’ para que un determinado actor político no tenga espacio. También recuerda que hubo ocasiones en las que fue obligado a dar noticias sin equilibrio.
El 13 de noviembre del 2009, el periodista Fabián Loza fue despedido de Gama TV, donde trabajó varios años. “Solo me explicaron que no era parte del proyecto del medio. Salí porque no estaba con el Gobierno”.
Fernando Alvarado asegura que el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en los medios públicos e incautados. “No hemos intervenido en ese manejo. No participamos en su política editorial”, sostuvo en una entrevista con Radio Visión. Por tres semanas este Diario ha pedido una entrevista con él, sin resultados.
En esta estrategia de copar todos los medios con su información, la Secom prioriza a la prensa oficial, pública y estatal. No es raro que los medios privados, algunos considerados enemigos del Régimen, aparezcan en el último escalón informativo. El Presidente, por ejemplo, prefiere conceder entrevistas a los medios en poder del Estado.
Por ello, la matriz de la Secom recomienda a los funcionarios mantener “relaciones cordiales para sugerir coberturas que los ministerios necesiten y aclarar noticias que hayan sido tergiversadas por los medios privados”.
Así se prepara Correa
Antes de conceder una entrevista, el Presidente de la República recibe de la Secretaría de Comunicación los temas más importantes de cada ministerio que le permitan respaldar su gestión gubernamental.
La información que entregan los ministerios, tanto en ayudas memoria como en temas de posible abordaje por parte de la prensa, deben contener información política. La matriz de la Secom habla de datos ‘vendibles’.Es decir, que incluyan cifras de los avances conseguidos y de los objetivos propuestos.
Cuando Correa acepta una entrevista, la matriz del Sigob incluye el nombre de quien será el entrevistador, los temas que se tratarán en el espacio, quién los organizará y los datos referentes al medio, como su propietario y otros contactos.
Un pugilato constante con la prensa
A más de difundir las noticias del Gobierno, los medios que están bajo su control tienen a su cuenta otra tarea: desmentir toda la información publicada en los medios independientes y que, a criterio del Régimen, debe ser desmentida.
En ese sentido, el portal electrónico El Ciudadano destina varios espacios a responder, con duras críticas, lo contenidos que los medios privados publican. Y dependiendo de la importancia que el Régimen quiera dar a los supuestos desmentidos, se determina la estrategia de difusión. No es raro que a los correos electrónicos llegue, en forma de cadenas, boletines electrónicos con la visión del Gobierno frente a una determinada publicación. La orden de dar o no rienda suelta al envío de estos boletines sale directamente del despacho del secretario de Comunicación del gobierno, Fernando Alvarado.
Este material también es procesado para que, en el enlace ciudadano de los sábados, el presidente Rafael Correa se refiera al respecto en su espacio ‘La Libertad de Expresión ya es de todos’. Allí, Correa da su visión de la información que cuestiona y, debido al formato que tiene la larga cadena sabatina, no hay espacios para la interlocución, a pesar de que se tratan temas que despiertan mucho debate.
Las réplicas que El Ciudadano prepara se basan en el monitoreo permanente de medios que realiza la Secom. Todos los días un grupo de periodistas lee los diarios, escucha las radios y mira los noticieros de televisión. Luego emite un informe detallado en el cual se especifican los temas que se abordaron, los ejes informativos, así como la importancia y la valoración que el medio le dio en su proceso de jerarquización de la noticia. Este análisis se realiza en el llamado ‘Cuarto de Poder’.
El reporte final que sale de este análisis informativo se sube al portal del Sigob, para conocimiento del presidente Correa.
Una vez que llega a la Secretaría de Comunicación, se prepara la contrarréplica a los temas que se consideren “tergiversados”. Para ello, el Régimen utiliza todo su aparataje comunicacional. El primer nivel son los medios oficiales, públicos e incautados. Luego los enlaces sabatinos y al final las cadenas nacionales.
El Gobierno tiene la teoría de que algunos medios de comunicación son de oposición política. Así lo asegura la organización Fundamedios en su reciente libro ‘La Palabra Rota’.
“La proporción está medida en función de qué tan adentro está uno del ring, nosotros estamos muy adentro. Los reclamos desde el Gobierno no han sido desproporcionados. Son justas respuestas de acuerdo a lo que recibimos de los medios que son opositores y no informan. No los miramos como enemigos a los medios, quienes no rebasan la línea de rigor periodístico. Cuando usan medios para atacar y jamás ver lo bueno”, manifestó Fernando Alvarado, secretario de Comunicación en una entrevista concedida a Radio Visión.
Según el director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello, esta tendencia se replica en todos los países de la región. “El poder político siempre va a tratar de usar a los medios de comunicación en función de su poder. Pero no les interesa dar una entrevista porque les coloca en una situación de incomodidad”.
Los medios públicos
20 medios de comunicación controla el Gobierno. Operan con fondos públicos pero no cumplen la tan proclamada transparencia
Antes del advenimiento del Gobierno autocalificado de la “revolución ciudadana”, apenas si funcionó Radio Nacional del Ecuador.
Tres años después, el Estado cuenta a su haber con una veintena de medios de comunicación (6 canales de TV -propios o incautados-, 2 periódicos, 7 emisoras de radio, 4 revistas temáticas y una agencia).
Estos medios controlados por el Estado operan con fondos públicos, es decir, con la plata de todos los contribuyentes y de cuya rendición de cuentas y manejo poco se sabe.
Cuando se habla de la transparencia y se introducen normas que traspasan las disposiciones constitucionales sobre los alcances del Consejo de Participación Ciudadana y se pretende el control de este ente público a los medios privados, nos preguntamos: ¿y por qué el Estado no rinde cuentas, como está obligado por las leyes vigentes, a transparentar el uso de recursos públicos en estos medios de comunicación que pagamos todos?
Más allá de la norma constitucional que impide que al vetar un proyecto de Ley el Ejecutivo introduzca temas de otras materias ajenas al contenido -además de otros errores de fondo y forma-, está el afán ya desembozado de querer controlar los contenidos de los medios. El control y la sanción desde el poder político también se buscan en el polémico y dilatado proyecto de Ley de Comunicación.
Ya vimos lo que pasó en El Telégrafo, un periódico histórico que se proclamó diario público pero obedece al oficialismo. Ahora quieren producir una publicación con contenido ligero. El proyecto original falló, regalan ejemplares, sus costos son gigantescos y sus directivos han renunciado. Quieren controlar a los articulistas.
La libertad de expresión, retórica de labios para afuera. Intentan imponer normas a los demás, no casa adentro. (Diario El Comercio)
Esa sofisticada maquinaria es operada por la Secretaría Nacional de Comunicación, dirigida por Fernando Alvarado, un fluminense que tiene una licenciatura y un doctorado en comunicación en universidades locales
Un plan -al que este Diario accedió- que se ha ido ajustando en el camino es el eje de la política informativa oficial. Se alimenta, entre otras fuentes, de la información que producen 30 ministerios y 11 secretarías. Su objetivo es “garantizar una acción sistemática, orgánica, ordenada y responsable, en procura de los objetivos del Gobierno”.
Pocos gobiernos han sido tan obsesivos con el control, centralización y cruce de la información. Marcelo Cevallos, secretario de Comunicación del gobierno de Lucio Gutiérrez, explica que en su época “cada ministerio manejaba su política de comunicación. Eso fue un error”, admite. “No existía en la Presidencia ni un equipo de periodistas, ni para tareas de comunicación. Solo le pasaban resúmenes de lo que difundían los medios”.
Hoy, la Secom (cuyo presupuesto está unificado al de la Presidencia) es el principio y fin del sistema informativo. Bajo su mando trabajan tres subsecretarías: de Información, de Innovación y Nuevos Medios, y la de Comunicación Política.
Cada una es un eslabón de la cadena comunicacional. La Subsecretaría de Información coordina las ruedas de prensa, la Cabina de Carondelet (un espacio para entrevistar a los ministros), el enlace ciudadano, las cadenas nacionales, boletines...
La Subsecretaría de Innovación se encarga de las coberturas noticiosas para el diario oficialista El Ciudadano (impreso y digital) y el programa El Ciudadano TV. Trabajan 10 periodistas. Además, dirige la Agencia de Noticias Andes.
Para cada medio oficial, los ministros o voceros de las instituciones deben proponer temas para ser entrevistados o para difundirlos como noticias. Asimismo, deben enviar una ayuda memoria del trabajo realizado. Según Sharon Herrera, encargada de comunicación de la Secretaría del Agua, a más del trabajo de comunicación ministerial deben enviar reportes al Presidente.
La Subsecretaría de Comunicación Política tiene un rol clave. Coordina con el Gabinete y establece el discurso político que manejarán las instituciones para cada coyuntura. Para esto usan la “Ficha Base del Discurso Político Unificado”, enviada por la Unidad Interministerial. Este documento marca la línea política y el mensaje que deben destacar.
Asimismo, la entidad mantiene una base de datos de personas vinculadas con el Gobierno, beneficiarios de los programas sociales y actores políticos.
Toda esta información se sistematiza en la Secom, a través del Sistema de Información para la Gobernabilidad (Sigob). Aquí se registran los pedidos de entrevistas con los medios de comunicación, públicos o privados.
“La Asesoría de Comunicación podrá insistir en un espacio para entrevistas que cada uno de los ministerios solicita a los medios públicos e incautados para poder aclarar o destacar temas importantes”, indica el documento de la Secom, que es empleado para capacitar a los directores de comunicación de las entidades. Esa difusión tiene prioridades: las más importantes son las que dispone el Presidente, luego la de los ministros y finalmente por pedido de los medios públicos.
Esa prelación se evidencia en los contenidos. Un estudio de Fundamedios de las noticias publicadas en El Telégrafo, entre el 10 de agosto y el 17 de septiembre del 2009, establece que los principales actores noticiosos (23,6%) son los funcionarios públicos. En este caso, un dato es elocuente: no hubo temas de denuncia ni casos de corrupción. En Gama TV el patrón fue similar. Las autoridades gubernamentales (con 105 apariciones) coparon los espacios informativos. Esa tendencia se mantuvo en TC Televisión, con el 35,9%.
Esas presiones recaen directamente sobre algunos periodistas. Un reportero de El Telégrafo, que pidió la reserva, recuerda que en una ocasión una colega debió escribir una nota ‘positiva’ de la Secretaría de Pueblos. “Mi compañera llamó a Guayaquil y le dijeron que lo hiciera. Ahí noté que este periódico no es tan público como dicen”.
Para el comunicador de la Flacso Gustavo Abad, quien recientemente dejó la página editorial de El Telégrafo, un sector del Régimen confunde la información con propaganda. “Creen que los medios públicos deben alinearse con el Gobierno, cuando se deben a la comunidad”.
Un periodista de uno de los medios incautados confirma que ha habido presiones desde ‘arriba’ para que un determinado actor político no tenga espacio. También recuerda que hubo ocasiones en las que fue obligado a dar noticias sin equilibrio.
El 13 de noviembre del 2009, el periodista Fabián Loza fue despedido de Gama TV, donde trabajó varios años. “Solo me explicaron que no era parte del proyecto del medio. Salí porque no estaba con el Gobierno”.
Fernando Alvarado asegura que el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en los medios públicos e incautados. “No hemos intervenido en ese manejo. No participamos en su política editorial”, sostuvo en una entrevista con Radio Visión. Por tres semanas este Diario ha pedido una entrevista con él, sin resultados.
En esta estrategia de copar todos los medios con su información, la Secom prioriza a la prensa oficial, pública y estatal. No es raro que los medios privados, algunos considerados enemigos del Régimen, aparezcan en el último escalón informativo. El Presidente, por ejemplo, prefiere conceder entrevistas a los medios en poder del Estado.
Por ello, la matriz de la Secom recomienda a los funcionarios mantener “relaciones cordiales para sugerir coberturas que los ministerios necesiten y aclarar noticias que hayan sido tergiversadas por los medios privados”.
Así se prepara Correa
Antes de conceder una entrevista, el Presidente de la República recibe de la Secretaría de Comunicación los temas más importantes de cada ministerio que le permitan respaldar su gestión gubernamental.
La información que entregan los ministerios, tanto en ayudas memoria como en temas de posible abordaje por parte de la prensa, deben contener información política. La matriz de la Secom habla de datos ‘vendibles’.Es decir, que incluyan cifras de los avances conseguidos y de los objetivos propuestos.
Cuando Correa acepta una entrevista, la matriz del Sigob incluye el nombre de quien será el entrevistador, los temas que se tratarán en el espacio, quién los organizará y los datos referentes al medio, como su propietario y otros contactos.
Un pugilato constante con la prensa
A más de difundir las noticias del Gobierno, los medios que están bajo su control tienen a su cuenta otra tarea: desmentir toda la información publicada en los medios independientes y que, a criterio del Régimen, debe ser desmentida.
En ese sentido, el portal electrónico El Ciudadano destina varios espacios a responder, con duras críticas, lo contenidos que los medios privados publican. Y dependiendo de la importancia que el Régimen quiera dar a los supuestos desmentidos, se determina la estrategia de difusión. No es raro que a los correos electrónicos llegue, en forma de cadenas, boletines electrónicos con la visión del Gobierno frente a una determinada publicación. La orden de dar o no rienda suelta al envío de estos boletines sale directamente del despacho del secretario de Comunicación del gobierno, Fernando Alvarado.
Este material también es procesado para que, en el enlace ciudadano de los sábados, el presidente Rafael Correa se refiera al respecto en su espacio ‘La Libertad de Expresión ya es de todos’. Allí, Correa da su visión de la información que cuestiona y, debido al formato que tiene la larga cadena sabatina, no hay espacios para la interlocución, a pesar de que se tratan temas que despiertan mucho debate.
Las réplicas que El Ciudadano prepara se basan en el monitoreo permanente de medios que realiza la Secom. Todos los días un grupo de periodistas lee los diarios, escucha las radios y mira los noticieros de televisión. Luego emite un informe detallado en el cual se especifican los temas que se abordaron, los ejes informativos, así como la importancia y la valoración que el medio le dio en su proceso de jerarquización de la noticia. Este análisis se realiza en el llamado ‘Cuarto de Poder’.
El reporte final que sale de este análisis informativo se sube al portal del Sigob, para conocimiento del presidente Correa.
Una vez que llega a la Secretaría de Comunicación, se prepara la contrarréplica a los temas que se consideren “tergiversados”. Para ello, el Régimen utiliza todo su aparataje comunicacional. El primer nivel son los medios oficiales, públicos e incautados. Luego los enlaces sabatinos y al final las cadenas nacionales.
El Gobierno tiene la teoría de que algunos medios de comunicación son de oposición política. Así lo asegura la organización Fundamedios en su reciente libro ‘La Palabra Rota’.
“La proporción está medida en función de qué tan adentro está uno del ring, nosotros estamos muy adentro. Los reclamos desde el Gobierno no han sido desproporcionados. Son justas respuestas de acuerdo a lo que recibimos de los medios que son opositores y no informan. No los miramos como enemigos a los medios, quienes no rebasan la línea de rigor periodístico. Cuando usan medios para atacar y jamás ver lo bueno”, manifestó Fernando Alvarado, secretario de Comunicación en una entrevista concedida a Radio Visión.
Según el director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello, esta tendencia se replica en todos los países de la región. “El poder político siempre va a tratar de usar a los medios de comunicación en función de su poder. Pero no les interesa dar una entrevista porque les coloca en una situación de incomodidad”.
Los medios públicos
20 medios de comunicación controla el Gobierno. Operan con fondos públicos pero no cumplen la tan proclamada transparencia
Antes del advenimiento del Gobierno autocalificado de la “revolución ciudadana”, apenas si funcionó Radio Nacional del Ecuador.
Tres años después, el Estado cuenta a su haber con una veintena de medios de comunicación (6 canales de TV -propios o incautados-, 2 periódicos, 7 emisoras de radio, 4 revistas temáticas y una agencia).
Estos medios controlados por el Estado operan con fondos públicos, es decir, con la plata de todos los contribuyentes y de cuya rendición de cuentas y manejo poco se sabe.
Cuando se habla de la transparencia y se introducen normas que traspasan las disposiciones constitucionales sobre los alcances del Consejo de Participación Ciudadana y se pretende el control de este ente público a los medios privados, nos preguntamos: ¿y por qué el Estado no rinde cuentas, como está obligado por las leyes vigentes, a transparentar el uso de recursos públicos en estos medios de comunicación que pagamos todos?
Más allá de la norma constitucional que impide que al vetar un proyecto de Ley el Ejecutivo introduzca temas de otras materias ajenas al contenido -además de otros errores de fondo y forma-, está el afán ya desembozado de querer controlar los contenidos de los medios. El control y la sanción desde el poder político también se buscan en el polémico y dilatado proyecto de Ley de Comunicación.
Ya vimos lo que pasó en El Telégrafo, un periódico histórico que se proclamó diario público pero obedece al oficialismo. Ahora quieren producir una publicación con contenido ligero. El proyecto original falló, regalan ejemplares, sus costos son gigantescos y sus directivos han renunciado. Quieren controlar a los articulistas.
La libertad de expresión, retórica de labios para afuera. Intentan imponer normas a los demás, no casa adentro. (Diario El Comercio)
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