jueves, 11 de noviembre de 2010

Otra “violadita”

El Dr. Fernando Casares que no estudió en Bélgica como el Fiscal General, pero que parece ser una persona conocedora de su oficio ha explicado que como garantía fundamental del debido proceso, todo ciudadano debe ser juzgado por su juez competente. Y que el Art. 160 de la Constitución dispone que los delitos cometidos por policías o militares “serán juzgados por salas especializadas en materia militar y policial”. Pero resulta que el Consejo de la Judicatura no ha designado las referidas salas. Es decir que no existen los jueces competentes para juzgar a los supuestos infractores del 30-S y estos no pueden ser procesados, so pena de volverle a pegar otra “violadita” a la Constitución.

Pero claro, esto no es ningún impedimento para que el Fiscal cumpla las directrices de Carondelet. Por eso los delitos están siendo juzgados por jueces comunes (ahora adefesiosamente conocidos como jueces de “garantías penales”, cuando el Derecho Penal es punitivo y no garantista). Jurídicamente el fiscal Pesántez se encuentra -como dijo el Presidente- “más perdido que pijama en luna de miel”, al haber iniciado varias indagaciones cuando debió iniciar solo una.

Adicionalmente, en forma inexplicable desaparecen las balas de los cadáveres para que no se sepa de qué armas provinieron y el Municipio de Quito insólitamente “limpia” las huellas de la infracción en forma inmediata. Se produce un robo en el domicilio del abogado de los policías. Seguramente fueron los ángeles del cielo, quienes después reportan a “su” teniente que habían concluido el trabajo. El próximo hecho noticioso será “el cómo” la oposición trata de vincular al “pobre gobierno” en este delito. ¿Se puede creer todavía en la mentira de una justicia imparcial?

Como dice Juan Luis Guerra en uno de sus populares merengues, “sobran mil razones” para la revocatoria del mandato de Correa. Pero la principal de ellas, es el abuso en el ejercicio del poder. Roberto López - Diario Expreso

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