Empleados de tres instituciones del Estado enfrentan sumarios administrativos por paralizar la atención al público el 30 de septiembre, día de la sublevación policial. Ellos pertenecen a los ministerios de Inclusión Social (MIES), Obras Públicas y de Educación.
En el caso del MIES se notificó con la apertura de sumarios a 15 personas, de un listado de 26 que fueron observadas por paralizar el servicio ese día.
A ellas se las acusa de quemar neumáticos en la vía pública, cortar el servicio de energía eléctrica e impedir el trabajo del resto de funcionarios, y de suspender la atención al público. Esto último lo prohíbe la Constitución de la República.
El presidente de la Asociación de Empleados del MIES, Marco Rivera, quien también está sumariado, contó que el 30 de septiembre los trabajadores estaban reunidos en el auditorio de la institución para analizar la Ley de Servicio Público, aprobada el día anterior.
Al lugar llegó la ministra del ramo, Ximena Ponce, y les ordenó acudir a la Plaza Grande para apoyar al mandatario Rafael Correa, quien permanecía en un hospital y había sufrido agresiones físicas.
El dirigente comentó que la asamblea sindical no aprobó ese pedido, pero que algunos colegas acudieron al llamado.
Relató que el grupo que decidió quedarse en el Ministerio quemó llantas “para pedir que vuelva la democracia a la institución y a nuestro país”. Y agregó: “Nosotros no participamos en actos vandálicos... Se sanciona a los que nos quedamos en la institución y no a los que salieron hacia la Plaza Grande (a respaldar al Jefe de Estado)”, cuestionó Rivera.
Por eso denunció que este sumario administrativo es una retaliación en su contra, no solo por su postura contra la Ley de Servicio Público sino por los constantes pedidos de que se paguen los retroactivos de los fondos de reserva y sus reclamos por la falta de participación en la reestructuración de la Secretaría de Estado.
En la misma situación se encuentran cuatro trabajadores del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), que según Patricio Ibarra, presidente de la Asociación de Empleados, se encuentran en la etapa de presentación de pruebas de descargo.
Contó que el día de la revuelta policial se invitó, a eso de las 10:20, a que la gente acuda a una marcha a respaldar al Presidente. “Un grupo asistió a la Plaza Grande, el otro se fue a la Mariana de Jesús y otro grupo nos quedamos aquí. En algún instante se quemó una o dos llantas”, narró el dirigente.
Señaló que en el gremio no realizan apoyo de tipo político, pero que cada persona tiene el derecho de elegir. “Ese día fue un grupo bastante numeroso (el que salió), en especial personal contratado este año”.
Explicó que la suspensión del servicio fue ordenada por “la autoridad”, aunque no quiso especificar a quién se refería.
Ibarra dijo que ese día tenían previsto asistir en la tarde a la Asamblea Nacional, pues se iba a realizar una reconsideración de la Ley de Servicio Público.
Adicionalmente, en el Ministerio de Educación se abrieron dos sumarios administrativos.
Según una dirigente de esa cartera de Estado, que prefirió la reserva de su nombre, se los acusa porque aparecen en unas filmaciones de las cámaras de seguridad del Ministerio en momentos en que se informaba a los funcionarios sobre la disposición verbal de que regresen a sus casas, debido a la conmoción que vivía el país.
“No estaban participando en ninguna acción proselitista, pero se las acusa de paralizar la atención al público”. Para la dirigente se busca sancionar a los empleados por una disposición del presidente Correa.
Detalles: Sector público
Más sanciones
En otras entidades se analiza la apertura de nuevos sumarios administrativos, ese es el caso de la Dirección de Aviación Civil. Los funcionarios explicaron que aún no se los notifica.
Empleados
Según la Asociación de Empleados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en esa secretaría de Estado existen 600 trabajadores, sin tomar en cuenta personal contratado. En el MIES existen 700 empleados en planta central y a nivel nacional son 1.200. En el caso del Ministerio de Educación son aproximadamente 746 empleados y 170 personas a contrato.
Servicio
En los ministerios existe preocupación por la forma en la que se aplicará la disposición de la Ley de Servicio Público de jubilar a aquellas personas que sobrepasen los 70 años de edad
Ministro de Defensa no remite lista de militares a Fiscalía
El ministro de Defensa, Javier Ponce, manifestó que remitirá a la Fiscalía los nombres de los militares involucrados en la sublevación ocurrida el pasado 30 de septiembre, cuando se tomaron la pista del aeropuerto de la capital, si encuentra razones para procesarlos judicialmente.
“Si nosotros encontramos que hay fundamentos y motivos para una causa penal, no vamos a obstruir la justicia y vamos a colaborar con la Fiscalía”, aseguró.
El fiscal general, Washington Pesántez, reiteró esta semana el pedido a ese Ministerio para que envíe la nómina de los uniformados involucrados, especialmente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Según Ponce, en este momento los Consejos de Disciplina están investigando a los responsables e incluso han determinado sanciones administrativas y disciplinarias.
“Nosotros no somos jueces. Tenemos la obligación de responder a la autoridad cuando estemos seguros de nuestras respuestas”, expresó.
Respecto al llamado a juicio político que se tramita en la Asamblea por parte del asambleísta de la oposición Fausto Cobo (SP), por un supuesto incumplimiento de funciones, el Ministro sostuvo que en su momento responderá a las acusaciones si se concreta dicha interpelación
En el caso del MIES se notificó con la apertura de sumarios a 15 personas, de un listado de 26 que fueron observadas por paralizar el servicio ese día.
A ellas se las acusa de quemar neumáticos en la vía pública, cortar el servicio de energía eléctrica e impedir el trabajo del resto de funcionarios, y de suspender la atención al público. Esto último lo prohíbe la Constitución de la República.
El presidente de la Asociación de Empleados del MIES, Marco Rivera, quien también está sumariado, contó que el 30 de septiembre los trabajadores estaban reunidos en el auditorio de la institución para analizar la Ley de Servicio Público, aprobada el día anterior.
Al lugar llegó la ministra del ramo, Ximena Ponce, y les ordenó acudir a la Plaza Grande para apoyar al mandatario Rafael Correa, quien permanecía en un hospital y había sufrido agresiones físicas.
El dirigente comentó que la asamblea sindical no aprobó ese pedido, pero que algunos colegas acudieron al llamado.
Relató que el grupo que decidió quedarse en el Ministerio quemó llantas “para pedir que vuelva la democracia a la institución y a nuestro país”. Y agregó: “Nosotros no participamos en actos vandálicos... Se sanciona a los que nos quedamos en la institución y no a los que salieron hacia la Plaza Grande (a respaldar al Jefe de Estado)”, cuestionó Rivera.
Por eso denunció que este sumario administrativo es una retaliación en su contra, no solo por su postura contra la Ley de Servicio Público sino por los constantes pedidos de que se paguen los retroactivos de los fondos de reserva y sus reclamos por la falta de participación en la reestructuración de la Secretaría de Estado.
En la misma situación se encuentran cuatro trabajadores del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), que según Patricio Ibarra, presidente de la Asociación de Empleados, se encuentran en la etapa de presentación de pruebas de descargo.
Contó que el día de la revuelta policial se invitó, a eso de las 10:20, a que la gente acuda a una marcha a respaldar al Presidente. “Un grupo asistió a la Plaza Grande, el otro se fue a la Mariana de Jesús y otro grupo nos quedamos aquí. En algún instante se quemó una o dos llantas”, narró el dirigente.
Señaló que en el gremio no realizan apoyo de tipo político, pero que cada persona tiene el derecho de elegir. “Ese día fue un grupo bastante numeroso (el que salió), en especial personal contratado este año”.
Explicó que la suspensión del servicio fue ordenada por “la autoridad”, aunque no quiso especificar a quién se refería.
Ibarra dijo que ese día tenían previsto asistir en la tarde a la Asamblea Nacional, pues se iba a realizar una reconsideración de la Ley de Servicio Público.
Adicionalmente, en el Ministerio de Educación se abrieron dos sumarios administrativos.
Según una dirigente de esa cartera de Estado, que prefirió la reserva de su nombre, se los acusa porque aparecen en unas filmaciones de las cámaras de seguridad del Ministerio en momentos en que se informaba a los funcionarios sobre la disposición verbal de que regresen a sus casas, debido a la conmoción que vivía el país.
“No estaban participando en ninguna acción proselitista, pero se las acusa de paralizar la atención al público”. Para la dirigente se busca sancionar a los empleados por una disposición del presidente Correa.
Detalles: Sector público
Más sanciones
En otras entidades se analiza la apertura de nuevos sumarios administrativos, ese es el caso de la Dirección de Aviación Civil. Los funcionarios explicaron que aún no se los notifica.
Empleados
Según la Asociación de Empleados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en esa secretaría de Estado existen 600 trabajadores, sin tomar en cuenta personal contratado. En el MIES existen 700 empleados en planta central y a nivel nacional son 1.200. En el caso del Ministerio de Educación son aproximadamente 746 empleados y 170 personas a contrato.
Servicio
En los ministerios existe preocupación por la forma en la que se aplicará la disposición de la Ley de Servicio Público de jubilar a aquellas personas que sobrepasen los 70 años de edad
Ministro de Defensa no remite lista de militares a Fiscalía
El ministro de Defensa, Javier Ponce, manifestó que remitirá a la Fiscalía los nombres de los militares involucrados en la sublevación ocurrida el pasado 30 de septiembre, cuando se tomaron la pista del aeropuerto de la capital, si encuentra razones para procesarlos judicialmente.
“Si nosotros encontramos que hay fundamentos y motivos para una causa penal, no vamos a obstruir la justicia y vamos a colaborar con la Fiscalía”, aseguró.
El fiscal general, Washington Pesántez, reiteró esta semana el pedido a ese Ministerio para que envíe la nómina de los uniformados involucrados, especialmente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Según Ponce, en este momento los Consejos de Disciplina están investigando a los responsables e incluso han determinado sanciones administrativas y disciplinarias.
“Nosotros no somos jueces. Tenemos la obligación de responder a la autoridad cuando estemos seguros de nuestras respuestas”, expresó.
Respecto al llamado a juicio político que se tramita en la Asamblea por parte del asambleísta de la oposición Fausto Cobo (SP), por un supuesto incumplimiento de funciones, el Ministro sostuvo que en su momento responderá a las acusaciones si se concreta dicha interpelación
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