Al interior del movimiento PAIS se analizan dos argumentos jurídicos para sustentar un posible juicio político en contra del fiscal general, Washington Pesántez: el primero por peculado y el segundo, por incumplimiento de sus funciones. Para respaldar el juicio político, los asambleístas aseguran que Pesántez cometió peculado al permitir el mal uso de bienes públicos en el momento de autorizar el uso de vehículos del Estado y de oficiales de la Policía para trasladar y custodiar a su esposa Aliz Borja, sin que sea funcionaria pública. Y, señalan que incumplió sus funciones por permitir que los fiscales provinciales publicaran un respaldo público para él y su esposa, por el caso del accidente de tránsito, que provocó la muerte de la colombiana Natalia Emme, en un vehículo de la Fiscalía.Por ello, plantean una queja ante la misma Fiscalía General pidiendo sanciones a todos los fiscales y al subrogante Alfredo Alvear, por suscribir dicho comunicado, anticipando “criterios”.Este tema fue parte de un análisis del buró político de PAIS, que se reunió en la mañana y noche de ayer.La asambleísta Rosana Alvarado explicó que a los fiscales provinciales que firmaron el remitido de prensa no se los puede llevar a un juicio político, pero sí a la máxima autoridad que en este caso es Pesántez. Virgilio Hernández, advirtió la preocupación que existe en su bancada, que no se puede tener seguridad en los encargados de administrar justicia, cuando estos emiten criterios que juzgan de manera prejuiciada a testigos que tienen un criterio diferente, en el caso de la muerte de Natalia Emme; y además, por haber asumido que “un parte policial es casi una sentencia”. Hernández dijo que hay indicios que hacen ver que hay abuso de autoridad y que se están usando influencias para que no se investigue de manera adecuada el caso. “Todo esto se asemeja a lo que son las redes mafiosas, que cuando se topa al capo principal, todos cierran filas, y eso no se puede permitir”.El oficialista Mauro Andino afirmó que podría haber méritos suficientes para iniciar un juicio a Pesántez, quien debe responder por qué permitió el uso de bienes y servicios del Estado como el vehículo, combustible y personal de la Policía para custodiar a su esposa.Nívea Vélez, del ADE, también afirmó que su grupo de asambleístas analiza la posibilidad de respaldar un proceso de enjuiciamiento político. Mientras la asambleísta Cynthia Viteri (MG) presenta hoy un proyecto de resolución para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el pedido de renuncia del Fiscal General, por utilizar el poder conferido en beneficio propio, por prevaricato, por violar el principio de la indagación previa y por no dar asistencia a las víctimas y testigos en el caso Emme.Reveló que la resolución de solicitud de renuncia del Fiscal está en consulta entre los bloques progresista, el Prian, Sociedad Patriótica y hoy lo expondrá ante PAIS, cuando se instale la sesión de la Asamblea convocada para las 09:00.Mientras tanto, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, criticó a los asambleístas, a quienes dijo que lo único que quieren es darle una connotación diferente a un respaldo lleno de solidaridad con el amigo y el jefe.“Nosotros no hemos adelantado ningún criterio, no hemos realizado ninguna gestión procesal. Después de la vida y la libertad, la lealtad y la solidaridad son las cualidades innatas del ser humano”, dijo al tiempo que ratificó que todos los fiscales distritales se mantendrán en sus cargos porque no han cometido ilegalidad alguna.Freire aseguró que si el proceso de Natalia Emme llega en algún momento a sus manos para revisión, se abstendrá de tomarlo y dejará que el fiscal adjunto, Miguel Palacios, lo resuelva. “Si en el caso no consentido de que la fiscal Mariana López se abstenga de dar un dictamen contra el acusado, Wilson Velasteguí (el policía quien dijo manejaba el vehículo de la Fiscalía), y el juez de la causa, Andrés Zambrano, considera elevar el proceso al superior para consulta, simplemente me inhibiré de conocerlo”, dijo.Fernando CorderoPresidente de la Asamblea“Señores fiscales, ustedes tienen que ser imparciales en todos los casos y en todas las causas”.Rosana AlvaradoAsambleísta de PAIS“Si el fiscal Pesántez no procede con sanciones, eso sería una causal de juicio político”.
Nueva protesta para rechazar injerencia en el caso Emme
Una veintena de familiares y amigos de Natalia Emme, colombiana de 26 años que falleció arrollada por un auto de la Fiscalía el 14 de enero pasado, marcharon ayer para rechazar la injerencia con la que, dicen, está manejando el caso el Ministerio Público.La primera parada de la protesta fue el edificio de la Fiscalía General, en el norte de Quito. Ahí, uno de los testigos oculares del hecho, Xavier Sánchez, rechazó la versión de Aliz Borja, esposa del fiscal Washington Pesántez, en el sentido de que jamás condujo el Vitara blanco que atropelló a Emme.“Me parece un descaro que alguien que sabe que cometió un error salga a contar una verdad que no existe. Señora Borja: ya es hora de que acepte su culpa y termine este caso con dignidad”, dijo Sánchez.Después la marcha se apostó por varias horas afuera de la Fiscalía de Tránsito de Pichincha, donde la fiscal que lleva la investigación preliminar del accidente, Mariana López, solo pudo tomar la versión de dos de los cuatro testigos convocados por la parte acusadora.Según el abogado de la familia Emme, Gonzalo Silva, la interrupción en las diligencias de la mañana se debió a que las computadoras de la Fiscalía de Tránsito, ubicadas en el segundo piso, habrían sido robadas la noche del pasado domingo.Esta versión no fue corroborada al interior de la institución, pero en horas de la tarde decenas de computadoras llegaron empaquetadas para su repartición en el área de Tránsito.Silva aseguró que el robo no afectó al proceso porque la fiscal López tenía respaldos de la información.Por otra parte, Guillermo Orrico, padre del niño de 8 años que dejó la joven colombiana, informó que todos los jueves, a las 15:00, se realizará un plantón de protesta frente al edificio de la Fiscalía.Hoy, desde las 09:00, cerca de 80 padres de niños con cáncer que son atendidos por Borja en el hospital Baca Ortiz de Quito, tienen planificado un plantón de apoyo en las afueras de esa casa asistencial. Diario El Universo
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