Asamblea: Los registros pasarían a los municipios

Expertos advierten que la nueva Ley que prevé aprobar hoy la Asamblea afecta la privacidad y seguridad de los ciudadanos. Betty Amores (AP) descarta esta posibilidad

El polémico proyecto de Ley de Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos será sometido hoy a votación en el pleno de la Asamblea para su aprobación.El texto, elaborado por la Comisión de Régimen Económico, busca organizar, regular, sistematizar e interconectar la información contenida en los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad. Sin embargo, varias voces advierten los riesgos que acarrearía la nueva ley para la seguridad de la ciudadanía.Pablo Sosa, gerente de Digiware, empresa que brinda asesoría para la protección de datos, asegura que la Ley garantice un acceso ágil a los datos públicos pero vulnera la confidencialidad de esa información.Aquello, a pesar de que una de las modificaciones al proyecto de Ley señala que, para acceder a la información de carácter patrimonial, el solicitante deberá registrar sus datos y explicar el uso que hará de la información requerida. "Ese mecanismo no es suficiente porque no protege la confidencialidad, la disponilbilidad ni la integridad de la información. Tampoco establece canales seguros para manejar esos datos y evitar que lleguen a terceras personas para un uso no lícito", advierte Sosa.De su lado, Betty Amores, vicepresidenta de la Comisión que analiza el Proyecto de Ley, señala que el cuerpo legal define como datos personales la ideología, afiliación política y sindical, etnia, estado de salud orientación sexual, religión, condición migratoria y demás información atinente a la intimidad de las personas, más no los datos patrimoniales "que ya constan en otras bases de datos sobre la propiedad de bienes inmuebles y la conformación de empresas o sociedades, que por el momento no están interconectadas a escala nacional".Al respecto, Sosa insiste en que la falta de una ley que tipifique el uso doloso de esa información deja latente el riesgo de que una persona sea víctima de extorsión, estafas y secuestros.No obstante, Amores asegura que la ley prevé que la autoridad o funcionario que custodie la información de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la reserva de esa información. Además, una vez aprobada la Ley de Servicio Público, "los funcionarios que hagan un mal uso de la información, podrán ser sujetos de sanciones civiles y penales", aclara la asambleísta.Ella recuerda que el proyecto de Ley establece que los datos pasen a manos del Registro Nacional de Datos Públicos, lo cual garantiza el buen uso de datos.Pero Sosa insiste en la vulnerabilidad de ese tipo de base de datos y recuerda lo ocurrido en Chile hace unos años, cuando un hacker "colgó" en la Internet datos públicos y privados de los ciudadanos, lo cual evidenció la falta de seguridad en el manejo de esa información. (GM). Diario Hoy