La Constitución intocable

La Constitución de Montecristi -farragosa, larga y mal redactada, reglamentaria y no obstante con incomprensibles vacíos, repetitiva y contradictoria, retórica e imprecisa-, que fue elaborada para garantizar la consolidación de un proyecto político concentrador, excluyente y autoritario, ha comenzado a demostrar, en la práctica, sus irresponsables novelerías y sus graves e insuperables deficiencias. Todo texto legal, producto de la actividad humana, es perfectible y, por tanto, reformable. La Constitución de la revolución ciudadana parece ser una excepción. Los mecanismos de reforma y las prohibiciones expresas la convierten, salvo especialísimas circunstancias, en definitiva e intocable.

La Constitución establece dos mecanismos: la “enmienda de uno o varios artículos” y la “reforma parcial”. ¿Qué diferencia hay entre ‘enmienda’ y ‘reforma’, palabras con igual significado? Si la ‘enmienda’ es de “uno o varios artículos”, la ‘reforma’, por ser parcial, ¿no puede ser también de “uno o varios artículos”? La Constitución delega la facultad de señalar la diferencia, calificando qué mecanismo deberá aplicarse en el trámite de cada proyecto, a la espuria Corte Constitucional. ¿No habría sido lo correcto aclarar esa diferencia en el texto constitucional y no delegar la facultad a un organismo, ahora integrado por un variopinto grupo de testaferros de la dictadura correísta, que resolverá políticamente?

Las prohibiciones son otra limitación. La Constitución prescribe que no se podrá alterar su “estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado” ni modificar el procedimiento para su reforma. ¿Qué debemos entender por ‘estructura fundamental’ de la Constitución o por ‘carácter y elementos constitutivos del Estado’? ¿Qué organismo los define? ¿El Ecuador está condenado a padecer con resignación un sistema político concentrador y autoritario, una Asamblea legislativa decapitada, una Corte Constitucional con excesivas facultades, una Función Judicial sometida y sin autonomía, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sin representatividad e innecesario?

¿Qué derecho tiene la ‘revolución ciudadana’, o cualquier otro movimiento o partido político, basándose en una mayoría inevitablemente transitoria, a imponer una estructura estatal y a prohibir su reforma? ¿Acaso una manipulada consulta a los votantes, que desconocen su contenido y sus implicaciones, da legitimidad a esas prohibiciones? ¿La legitimidad puede nacer del desconocimiento y la ignorancia? ¿La democracia, una auténtica democracia, debe basarse en un pronunciamiento dirigido, coyuntural, inconsciente e irresponsable de los ciudadanos? ¿Esas limitaciones a la reforma constitucional, por último, no serán en el futuro otro factor de inestabilidad, pugnas y conflictos?. Antonio Rodríguez - Diario El Comercio

Revuelta eleva publicidad oficial a $ 52,25 millones

Entre febrero y octubre de este año, el gasto en publicidad oficial sumó $52,25 millones, cifra que incluye a varias entidades del Gobierno Central, algunos entes autónomos y organismos seccionales, de acuerdo con la última medición de la Corporación Participación Ciudadana (CPC).

En su monitoreo mensual, que abarca la pauta publicitaria en nueve canales de televisión, CPC reportó que la Presidencia de la República lidera la lista de gasto con $2,1 millones solo en el mes de octubre.

Según CPC, luego de la revuelta policial y militar del pasado 30 de septiembre, la Presidencia contrató la elaboración y difusión de 1 000 cuñas televisivas.

A ello se suman spots compartidos entre varios ministerios y entidades y otros a cargo de organismos de transparencia y control que difundieron 7 295 publicidades. Así, el mes pasado para publicidad oficial se destinó $8,8 millones, el más elevado del año.

Ruth Hidalgo, directora de CPC explicó que, a diferencia de otros meses, en octubre se observó un aumento en el pautaje, sobre todo desde la Presidencia, rubro comparable con el destinado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para la marcha en la que exigía al Gobierno respeto a la ciudad, realizada en febrero de este año.

Según el informe de CPC, los spots sobre el 30 de septiembre se transmiten solamente por TCTelevisión, canal administrado por el Gobierno, al que se le pagó $1,2 millones por ese concepto. (ver cuadro).

Además, Hidalgo dijo que, de toda la publiciada oficial, el 50% se transmite en TC y GamaTV, otro canal bajo control del régimen.

De febrero a mayo, CPC dio a conocer una primera evaluación, en la que el Ejecutivo, organismos seccionales y spots compartidos gastaron $18,47 millones en publicidad.

Esta cifra, comparada con los $52,25 millones a octubre, evidencia un incremento del 183% en ese período.

Ruth Hidalgo recordó que la Secretaría Nacional de Comunicación criticó su trabajo, argumentando que los valores que publica CPC, eran erróneos. "Solicitamos a los canales, el desglose de los costos facturados al Gobierno; copia certificada de acuerdos o contratos que respalden las inversiones, pero no hemos recibido respuesta", enfatizó la directora. (SH). Diario Hoy

Más de $6 000 millones a salarios

La Proforma presupuestaria presentada por el Gobierno para 2011, cuyo total es $23 958 249 957, acarrearía inestabilidad económica con los $10 628 millones que prevé destinar para importación de derivados y gastos de personal, sostuvo el catedrático en Economía de la Universidad Central, Jorge Herrera.

En la Pro forma, el Ministerio de Finanzas ubica en $6 528 millones el gasto de personal, mientras $4 100 millones se destinarían a la compra de derivados de petróleo. Asimismo prevé una inversión en obras públicas de al menos $2 148 millones para obras emergentes (salud, educación, vivienda entre otras).

Para Herrera, los $10 600 millones que irán a gastos en personal y la importación de derivados "nos llevará a una inestabilidad económica, cuando la inversión que se debería realizar es implementar refinerías que nos permitan dejar de importar los derivados", dijo.

Por otra parte, la viabilidad de venta de bonos del Gobierno en mercados internacionales se halla en duda, según el analista económico de la firma internacional Economic Experience, Carl Gartelmann.

Él se refiere a que la Pro forma establece que se deberán obtener $4 951 millones por endeudamiento externo, para poder amortizar $1 574 millones y el resto, para financiar proyectos de inversión.

Al respecto, explicó que el Gobierno buscaría colocar bonos en Venezuela que los podría adquirir con precios preferenciales o buscaría costos comerciales, lo que llevaría a pagar altos intereses.

En ese sentido, Herrera agregó que aún quedan dudas que debe absolver el Gobierno para que las emisiones sean aceptadas: aclararse el tema de la recompra de deuda y los bonos 2012 y 2030 que no se han retirado de circulación.

Además hay que conocer cuales son las condiciones de pago a China y cómo funciona la prelación de pagos, especialmente por los créditos con ese país y el comportamiento de la demanda doméstica de bonos.

Esto, en razón de que buena parte de la exportación petrolera está en garantía para los préstamos de China.

Mateo Villalba, subsecretario de Inversión de la Secretaria Nacional de Planificación, dijo a la agencia gubernamental de noticias Andes que la Pro forma toma en cuenta la inversión en ciencia y tecnología así como la eficiencia estatal. "Lo que se busca es tener un gestión pública más ágil, profesional, más especializada y acorde a las necesidades que tenemos en el siglo 21", dijo.

Añadió que la Pro forma incluye el financiamiento de los proyectos a Coca Codo Sinclair, de desarrollo infantil, protección social, atención integral de salud, entre otros.

Asimismo, para los gobiernos seccionales se destinarán $2 238 millones y se aumentaron $310 millones para educación y salud.

El cálculo del precio del barril de crudo es $73, un crecimiento del PIB petrolero en 1,60%, del PIB real en 5,06% y la inflación 3,69%.

Hace un año se previó que la economía crecería 6,3%, pero luego se bajó la estimación a 3,7%. (DLB)

Presupuesto

Según la proforma se destinarán $2 148 millones para la construcción de obras emergentes.

Mateo Villalba dice que parte del presupuesto se destinará a inversión en ciencia y tecnología.

La pro forma dice que se obtendrán $4 951 millones por endeudamiento externo.

Buena parte de la exportación petrolera está en garantía de los préstamos chinos. Diario Hoy

Condena de tres años para Marcelo Rivera

Ramiro Román, abogado de Marcelo Rivera, ex líder de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), a quien el Tercer Tribunal Penal de Pichincha sentenció ayer a tres años de prisión y al pago de $298 665 por agresión terrorista y atentar contra el rector de la U. Central, el 8 de diciembre de 2009, dice que no se respetó el debido proceso y que la Fiscalía atiende lo que manda Correa.

Contra Marcelo Rivera ya hay una sentencia condenatoria por agresión terrorista.

Lo que hicieron (Fiscalía y jueces) fue una barbaridad, porque publicitaron lo que no podían (legalmente), pues la sentencia tenía que ser motivada y oralmente expuesta, y no lo hicieron, adelantaron criterio.

¿Se ha violado la Ley?
Al no dar el debido proceso, al negarse medidas sustitutivas, al establecer cambio de artículos, eso significa indefensión, eso viola el proceso y los tratados internacionales.

¿Se violó el debido proceso para declararlo culpable, o no será que las pruebas contra Rivera fueron contundentes o falló la estrategia legal de defensa?
Lo que pasa es esto: en la etapa de instrucción fiscal y durante el proceso, por ejemplo, se violó la cadena de custodia (de las pruebas), además se organizó los testimonios: los mismos de la acusación y de la Fiscalía. Por presiones, está pasando eso.

¿Pero imágenes que presentan como pruebas muestran a Rivera durante los hechos?
Las imágenes están impugnadas, no sirven. Por ejemplo, en el caso de los "Borbuvideos", de los "Pativideos" y Angostura, se habló de respetar la cadena de custodia. Incluso, contra los ministros de la Corte Suprema, en el caso "Borbuvideos", para resolver a favor de ellos. Uno de los abogados del rector de la Central, cuando era ministro de la Corte, dijo que no valían los videos, pero ahora dice que sí sirven.

¿Eso es mandado, ordenado o presionado por quién?
Hubo la cadena del presidente de la República diciendo que iba a poner en la cárcel a Rivera, y después la Fiscalía lo que hace es iniciar procesos investigativos y pedir prisión.

Es decir, ¿la Fiscalía hace lo que manda el presidente Correa?
Sí, y mire, no solo en el caso de Rivera, sino en el caso del 30-S con el coronel César Carrión, el caso de los indígenas Marlon Santi y otros dirigentes.

¿La justicia está politizada?
No solo politizada, sino que estamos en estado de represión. Crea (el Gobierno) casos específicos, como el de Rivera, para dar mensajes sociales y, en este caso, procesando y deteniendo a un dirigente estudiantil, lo cual también es un mensaje o advertencia para dirigentes campesinos e indígenas, para policías... (NST). Diario Hoy

Vivaracherías

El crecimiento de la burocracia es inevitable en cada cambio de gobierno, pues el Presidente que asume el poder, lo hace acosado por los compromisos adquiridos en la campaña electoral o sufre la presión de los partidos y partidarios que contribuyeron para su triunfo, y ahora piden su parte en él, “ayudándole a gobernar”, gestión que implica exigencia de empleos y más empleos.

Por eso en cada gobierno aumenta la burocracia; pero en el actual, ha sobrepasado todo cálculo y medida. Lo que no se puede aceptar, es que apliquen procedimientos para disimular, mejor dicho para engañar al pueblo en este aspecto que no solo cuesta un montón de millones, sino que reduce la eficiencia del servicio público y muchas veces lo envilece. En efecto, en esta vez, se dio un gran empujón a la burocracia, extendiendo nombramientos a diestro y siniestro, por miles, hasta reventar las oficinas públicas; luego, en declaraciones oficiales, se finge alarma por la situación por ellos creada, y se anuncia la reducción de la burocracia inflada con tanto entusiasmo. Pero la reducción burocrática es “respetando” los derechos de los despedidos, esto es pagando las indemnizaciones de ley, para lo cual se creó una partida que pasa de los 50 millones de dólares. Entonces, sacan a los viejos empleados y se quedan con los nuevos, los que entraron con el partido Alianza PAIS.

Hace poco salieron más de 600 empleados y trabajadores de Petroecuador, para lo cual se utilizó el ladino argumento de que formaban parte de una empresa que comercializaba derivados, empresa creada oficialmente y que funcionaba con todas las de ley; hace pocos días se dio la información de que del Ministerio de Agricultura serán eliminados más de 1.000 burócratas. Y en el Ministerio de Salud se aplica ya esa ley que obliga a los empleados que cumplen 70 años a retirarse, ley dictada por la mayoría de la Asamblea Nacional dócil y servidora del Ejecutivo.

Esto está claro, todo lo ven, pero vivarachos del gobierno creen que están engañando al pueblo. Jorge Vivanco - Diario Expreso

Subsidios suben a $ 5.400 millones

El costo de los subsidios estatales subirá en $ 1.036 millones para el año 2011, con respecto al presente ejercicio económico. El Gobierno gastará $ 5.400 millones el próximo año, lo que representa el 22% de la pro forma presupuestaria presentada a la Asamblea Nacional.

El mayor gasto está destinado a subsidiar los combustibles. Este rubro saltó de $ 2.489 millones en el año 2007, cuando comenzó el presente Gobierno, a más de $ 3.000 millones en el año 2010 y sumará un total de $ 3.500 millones en el año venidero.

Dentro de este segmento, el diésel y el fuel oil demandan el mayor gasto, unos $ 1.600 millones, ya que son productos necesarios para la generación de energía termoeléctrica en la época de estiaje. En el subsidio a la gasolina se invertirán alrededor de $ 1.100 millones y cerca de $ 800 millones para mantener el precio del gas.

“Los subsidios a los combustibles no son equitativos, ya que están dirigidos a beneficiar a los que menos necesitan”, sostiene Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal. “Ese es el caso de la gasolina, que beneficia directamente a las personas que tienen vehículos, es decir aquellos con mayores posibilidades económicas y no a los pobres”. Lo mismo ocurre con el subsidio al gas, del que el 30% más pudiente de la población se beneficiará de unos $ 200 millones del subsidio en el año 2011; mientras que el 30% más pobre apenas recibirá unos $ 60 millones. Carrera plantea eliminar los subsidios porque aumenta las desigualdades sociales, en vez de invertir ese dinero en educación, salud y otros servicios para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

Sin embargo, el Gobierno no tiene ninguna intención de eliminar las subvenciones. Para René Ramírez, secretario nacional de Planificación y Desarrollo de la Senplades, todavía no se está pensando en esa posibilidad. “Tenemos que ir en un proceso racional de optimización, porque los subsidios son bastante irracionales, pero todavía eso está pendiente”.

Carlos Pareja, viceministro de Recursos Naturales, coincide en que los subsidios al gas y a los otros combustibles se mantendrán en el año 2011, tal como está previsto, pues financieramente aún son sostenibles. Igual que los derivados del petróleo, los demás también han experimentado un ascenso permanente. El Bono de Desarrollo Humano aumentó de $ 408 millones en el año 2007 a $ 430 millones en 2008. En 2010 este gasto llegó a los $ 546 millones y en el 2011 será de $ 753 millones.

También está contemplado mantener todas las subvenciones vigentes que el Estado concede a la Seguridad Social.

Para el IESS, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), el Estado destinó una ayuda de $ 508 millones en el año 2007. En el año siguiente bajó a $ 497 millones y descendió a los $ 452 millones, en el 2009.

En el presente año, los subsidios para la Seguridad Social repuntaron a los $ 562 millones y en el 2011 se ubicarán en $ 827 millones.

En total, para el año venidero, el rubro significará el 8,7% del PIB, una carga que se vuelve más pesada cada año.

“Técnicamente el subsidio significa extraer un bien de capital para diluir en gasto de consumo; es descapitalizar al país, porque se reduce las capacidades competitivas de una nación y limita los esfuerzos para ser más competitivos”, dice Carrera.

Ramírez responde que hasta que no se tenga un estudio serio que beneficie a la mayoría de la población, no se puede hablar de eliminar algún subsidio

El consumo eléctrico incrementa costos
Los altos costos de la termoelectricidad han obligado al Estado a mantener la subvención eléctrica.

Según las cifras del sector, en el año 2008 el Gobierno de Rafael Correa destinó la suma de $ 224 millones para subsidiar el servicio de energía eléctrica.

En el año 2009, este gasto bajó a los $ 146 millones y en el año 2010 volvió a elevarse a los $ 256 millones.

Para el año 2011, esta ayuda se elevará a los $ 320 millones, tomando en cuenta que habrá una mayor producción de energía termoeléctrica. El costo promedio de esta energía fluctúa entre los 13 y los 15 centavos por kilovatio/hora.

En el subsidio eléctrico está la tarifa de la dignidad, que tiene un costo diferenciado de 4 centavos por cada kilovatio/hora, es decir, la mitad de lo que cuesta la tarifa normal. (MAB) Diario Expreso

200 personas, mayores de 70 años, saldrán del MSP

El doctor César Molina y sus 23 compañeros despedidos intempestivamente, el jueves pasado, retomaron ayer sus actividades en el hospital Guayaquil.

Tanto los médicos como el personal administrativo, que por tener más de 70 años de edad fueron cesados de sus funciones, cumplieron con su horario regular de trabajo.

La semana pasada, la dirección del hospital, presidida por la doctora Mariuxi Barros, justificó la medida, indicando que “solo cumplía órdenes”.

Según la funcionaria, la Subsecretaría General del Ministerio de Salud Pública envió hasta su despacho un comunicado exigiendo el cumplimiento inmediato de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Cuatro días después de la aplicación de esa disposición y del rechazo público de los perjudicados, las autoridades cambiaron el procedimiento y ayer invitaron a los cesados en sus funciones, 200 a nivel a nacional en el MSP, a respaldar el proceso de transición colaborando en los proyectos de capacitación del nuevo personal.

Lo que no significa que postergarán y menos desistirán de la aplicación de la Losep. “Queremos tener una transición ordenada respetando la ley; pero sobre todo la dignidad de las personas”, dijo el ministro del ramo, David Chiriboga, durante la inauguración de la renovada maternidad del Guasmo.

Chiriboga rechazó el mecanismo usado en el hospital Abel Gilbert Pontón, más conocido como Guayaquil, en la aplicación de la ley y anunció que ha “pedido un informe detallado sobre ese evento, porque esa no es la forma como queremos hacer este proceso”.

Igualmente, el presidente de la Federación Médica del Guayas, Orly Oyague, rechazó la “forma irrespetuosa” como se actuó en el hospital Guayaquil.

Según Chiriboga, en el Ministerio de Salud 200 personas, entre médicos y personal administrativo, deberán dejar sus cargos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que dice: “Los servidores a los 70 años que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto”.

De esa cantidad, 60 corresponden a hospitales públicos del Guayas, de los cuales 56 laboran en casas de salud del Puerto Principal: 18 en el hospital Guayaquil, 5 en el Francisco de Ycaza Bustamante, 30 en el José Daniel Rodríguez Maridueña y 3 en el Alfredo J. Valenzuela, confirmó la subsecretaria de Salud, Fátima Franco.

Para todos ellos, el MSP prepara un homenaje especial en reconocimiento a su trayectoria y servicio a la comunidad. Junto con el Ministerio de Relaciones Laborales y de Finanzas, el MSP trabaja tanto en la contratación de las personas que llenarán las vacantes como en la jubilación de los cesados, quienes recibirán un promedio de 36.000 dólares.

Con ese anuncio, el doctor César Molina y sus colegas trabajarán con normalidad hasta diciembre, pues para el próximo año está prevista la culminación del proceso.

Los invitamos (a cesados) a que nos continúen acompañando en este proceso de transición, queremos aprovechar su experiencia para formar a los más jóvenes.
David Chiriboga
Ministro de Salud
(Diario Expreso)