Más de $6 000 millones a salarios

La Proforma presupuestaria presentada por el Gobierno para 2011, cuyo total es $23 958 249 957, acarrearía inestabilidad económica con los $10 628 millones que prevé destinar para importación de derivados y gastos de personal, sostuvo el catedrático en Economía de la Universidad Central, Jorge Herrera.

En la Pro forma, el Ministerio de Finanzas ubica en $6 528 millones el gasto de personal, mientras $4 100 millones se destinarían a la compra de derivados de petróleo. Asimismo prevé una inversión en obras públicas de al menos $2 148 millones para obras emergentes (salud, educación, vivienda entre otras).

Para Herrera, los $10 600 millones que irán a gastos en personal y la importación de derivados "nos llevará a una inestabilidad económica, cuando la inversión que se debería realizar es implementar refinerías que nos permitan dejar de importar los derivados", dijo.

Por otra parte, la viabilidad de venta de bonos del Gobierno en mercados internacionales se halla en duda, según el analista económico de la firma internacional Economic Experience, Carl Gartelmann.

Él se refiere a que la Pro forma establece que se deberán obtener $4 951 millones por endeudamiento externo, para poder amortizar $1 574 millones y el resto, para financiar proyectos de inversión.

Al respecto, explicó que el Gobierno buscaría colocar bonos en Venezuela que los podría adquirir con precios preferenciales o buscaría costos comerciales, lo que llevaría a pagar altos intereses.

En ese sentido, Herrera agregó que aún quedan dudas que debe absolver el Gobierno para que las emisiones sean aceptadas: aclararse el tema de la recompra de deuda y los bonos 2012 y 2030 que no se han retirado de circulación.

Además hay que conocer cuales son las condiciones de pago a China y cómo funciona la prelación de pagos, especialmente por los créditos con ese país y el comportamiento de la demanda doméstica de bonos.

Esto, en razón de que buena parte de la exportación petrolera está en garantía para los préstamos de China.

Mateo Villalba, subsecretario de Inversión de la Secretaria Nacional de Planificación, dijo a la agencia gubernamental de noticias Andes que la Pro forma toma en cuenta la inversión en ciencia y tecnología así como la eficiencia estatal. "Lo que se busca es tener un gestión pública más ágil, profesional, más especializada y acorde a las necesidades que tenemos en el siglo 21", dijo.

Añadió que la Pro forma incluye el financiamiento de los proyectos a Coca Codo Sinclair, de desarrollo infantil, protección social, atención integral de salud, entre otros.

Asimismo, para los gobiernos seccionales se destinarán $2 238 millones y se aumentaron $310 millones para educación y salud.

El cálculo del precio del barril de crudo es $73, un crecimiento del PIB petrolero en 1,60%, del PIB real en 5,06% y la inflación 3,69%.

Hace un año se previó que la economía crecería 6,3%, pero luego se bajó la estimación a 3,7%. (DLB)

Presupuesto

Según la proforma se destinarán $2 148 millones para la construcción de obras emergentes.

Mateo Villalba dice que parte del presupuesto se destinará a inversión en ciencia y tecnología.

La pro forma dice que se obtendrán $4 951 millones por endeudamiento externo.

Buena parte de la exportación petrolera está en garantía de los préstamos chinos. Diario Hoy

Condena de tres años para Marcelo Rivera

Ramiro Román, abogado de Marcelo Rivera, ex líder de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), a quien el Tercer Tribunal Penal de Pichincha sentenció ayer a tres años de prisión y al pago de $298 665 por agresión terrorista y atentar contra el rector de la U. Central, el 8 de diciembre de 2009, dice que no se respetó el debido proceso y que la Fiscalía atiende lo que manda Correa.

Contra Marcelo Rivera ya hay una sentencia condenatoria por agresión terrorista.

Lo que hicieron (Fiscalía y jueces) fue una barbaridad, porque publicitaron lo que no podían (legalmente), pues la sentencia tenía que ser motivada y oralmente expuesta, y no lo hicieron, adelantaron criterio.

¿Se ha violado la Ley?
Al no dar el debido proceso, al negarse medidas sustitutivas, al establecer cambio de artículos, eso significa indefensión, eso viola el proceso y los tratados internacionales.

¿Se violó el debido proceso para declararlo culpable, o no será que las pruebas contra Rivera fueron contundentes o falló la estrategia legal de defensa?
Lo que pasa es esto: en la etapa de instrucción fiscal y durante el proceso, por ejemplo, se violó la cadena de custodia (de las pruebas), además se organizó los testimonios: los mismos de la acusación y de la Fiscalía. Por presiones, está pasando eso.

¿Pero imágenes que presentan como pruebas muestran a Rivera durante los hechos?
Las imágenes están impugnadas, no sirven. Por ejemplo, en el caso de los "Borbuvideos", de los "Pativideos" y Angostura, se habló de respetar la cadena de custodia. Incluso, contra los ministros de la Corte Suprema, en el caso "Borbuvideos", para resolver a favor de ellos. Uno de los abogados del rector de la Central, cuando era ministro de la Corte, dijo que no valían los videos, pero ahora dice que sí sirven.

¿Eso es mandado, ordenado o presionado por quién?
Hubo la cadena del presidente de la República diciendo que iba a poner en la cárcel a Rivera, y después la Fiscalía lo que hace es iniciar procesos investigativos y pedir prisión.

Es decir, ¿la Fiscalía hace lo que manda el presidente Correa?
Sí, y mire, no solo en el caso de Rivera, sino en el caso del 30-S con el coronel César Carrión, el caso de los indígenas Marlon Santi y otros dirigentes.

¿La justicia está politizada?
No solo politizada, sino que estamos en estado de represión. Crea (el Gobierno) casos específicos, como el de Rivera, para dar mensajes sociales y, en este caso, procesando y deteniendo a un dirigente estudiantil, lo cual también es un mensaje o advertencia para dirigentes campesinos e indígenas, para policías... (NST). Diario Hoy

Vivaracherías

El crecimiento de la burocracia es inevitable en cada cambio de gobierno, pues el Presidente que asume el poder, lo hace acosado por los compromisos adquiridos en la campaña electoral o sufre la presión de los partidos y partidarios que contribuyeron para su triunfo, y ahora piden su parte en él, “ayudándole a gobernar”, gestión que implica exigencia de empleos y más empleos.

Por eso en cada gobierno aumenta la burocracia; pero en el actual, ha sobrepasado todo cálculo y medida. Lo que no se puede aceptar, es que apliquen procedimientos para disimular, mejor dicho para engañar al pueblo en este aspecto que no solo cuesta un montón de millones, sino que reduce la eficiencia del servicio público y muchas veces lo envilece. En efecto, en esta vez, se dio un gran empujón a la burocracia, extendiendo nombramientos a diestro y siniestro, por miles, hasta reventar las oficinas públicas; luego, en declaraciones oficiales, se finge alarma por la situación por ellos creada, y se anuncia la reducción de la burocracia inflada con tanto entusiasmo. Pero la reducción burocrática es “respetando” los derechos de los despedidos, esto es pagando las indemnizaciones de ley, para lo cual se creó una partida que pasa de los 50 millones de dólares. Entonces, sacan a los viejos empleados y se quedan con los nuevos, los que entraron con el partido Alianza PAIS.

Hace poco salieron más de 600 empleados y trabajadores de Petroecuador, para lo cual se utilizó el ladino argumento de que formaban parte de una empresa que comercializaba derivados, empresa creada oficialmente y que funcionaba con todas las de ley; hace pocos días se dio la información de que del Ministerio de Agricultura serán eliminados más de 1.000 burócratas. Y en el Ministerio de Salud se aplica ya esa ley que obliga a los empleados que cumplen 70 años a retirarse, ley dictada por la mayoría de la Asamblea Nacional dócil y servidora del Ejecutivo.

Esto está claro, todo lo ven, pero vivarachos del gobierno creen que están engañando al pueblo. Jorge Vivanco - Diario Expreso

Subsidios suben a $ 5.400 millones

El costo de los subsidios estatales subirá en $ 1.036 millones para el año 2011, con respecto al presente ejercicio económico. El Gobierno gastará $ 5.400 millones el próximo año, lo que representa el 22% de la pro forma presupuestaria presentada a la Asamblea Nacional.

El mayor gasto está destinado a subsidiar los combustibles. Este rubro saltó de $ 2.489 millones en el año 2007, cuando comenzó el presente Gobierno, a más de $ 3.000 millones en el año 2010 y sumará un total de $ 3.500 millones en el año venidero.

Dentro de este segmento, el diésel y el fuel oil demandan el mayor gasto, unos $ 1.600 millones, ya que son productos necesarios para la generación de energía termoeléctrica en la época de estiaje. En el subsidio a la gasolina se invertirán alrededor de $ 1.100 millones y cerca de $ 800 millones para mantener el precio del gas.

“Los subsidios a los combustibles no son equitativos, ya que están dirigidos a beneficiar a los que menos necesitan”, sostiene Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal. “Ese es el caso de la gasolina, que beneficia directamente a las personas que tienen vehículos, es decir aquellos con mayores posibilidades económicas y no a los pobres”. Lo mismo ocurre con el subsidio al gas, del que el 30% más pudiente de la población se beneficiará de unos $ 200 millones del subsidio en el año 2011; mientras que el 30% más pobre apenas recibirá unos $ 60 millones. Carrera plantea eliminar los subsidios porque aumenta las desigualdades sociales, en vez de invertir ese dinero en educación, salud y otros servicios para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

Sin embargo, el Gobierno no tiene ninguna intención de eliminar las subvenciones. Para René Ramírez, secretario nacional de Planificación y Desarrollo de la Senplades, todavía no se está pensando en esa posibilidad. “Tenemos que ir en un proceso racional de optimización, porque los subsidios son bastante irracionales, pero todavía eso está pendiente”.

Carlos Pareja, viceministro de Recursos Naturales, coincide en que los subsidios al gas y a los otros combustibles se mantendrán en el año 2011, tal como está previsto, pues financieramente aún son sostenibles. Igual que los derivados del petróleo, los demás también han experimentado un ascenso permanente. El Bono de Desarrollo Humano aumentó de $ 408 millones en el año 2007 a $ 430 millones en 2008. En 2010 este gasto llegó a los $ 546 millones y en el 2011 será de $ 753 millones.

También está contemplado mantener todas las subvenciones vigentes que el Estado concede a la Seguridad Social.

Para el IESS, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), el Estado destinó una ayuda de $ 508 millones en el año 2007. En el año siguiente bajó a $ 497 millones y descendió a los $ 452 millones, en el 2009.

En el presente año, los subsidios para la Seguridad Social repuntaron a los $ 562 millones y en el 2011 se ubicarán en $ 827 millones.

En total, para el año venidero, el rubro significará el 8,7% del PIB, una carga que se vuelve más pesada cada año.

“Técnicamente el subsidio significa extraer un bien de capital para diluir en gasto de consumo; es descapitalizar al país, porque se reduce las capacidades competitivas de una nación y limita los esfuerzos para ser más competitivos”, dice Carrera.

Ramírez responde que hasta que no se tenga un estudio serio que beneficie a la mayoría de la población, no se puede hablar de eliminar algún subsidio

El consumo eléctrico incrementa costos
Los altos costos de la termoelectricidad han obligado al Estado a mantener la subvención eléctrica.

Según las cifras del sector, en el año 2008 el Gobierno de Rafael Correa destinó la suma de $ 224 millones para subsidiar el servicio de energía eléctrica.

En el año 2009, este gasto bajó a los $ 146 millones y en el año 2010 volvió a elevarse a los $ 256 millones.

Para el año 2011, esta ayuda se elevará a los $ 320 millones, tomando en cuenta que habrá una mayor producción de energía termoeléctrica. El costo promedio de esta energía fluctúa entre los 13 y los 15 centavos por kilovatio/hora.

En el subsidio eléctrico está la tarifa de la dignidad, que tiene un costo diferenciado de 4 centavos por cada kilovatio/hora, es decir, la mitad de lo que cuesta la tarifa normal. (MAB) Diario Expreso

200 personas, mayores de 70 años, saldrán del MSP

El doctor César Molina y sus 23 compañeros despedidos intempestivamente, el jueves pasado, retomaron ayer sus actividades en el hospital Guayaquil.

Tanto los médicos como el personal administrativo, que por tener más de 70 años de edad fueron cesados de sus funciones, cumplieron con su horario regular de trabajo.

La semana pasada, la dirección del hospital, presidida por la doctora Mariuxi Barros, justificó la medida, indicando que “solo cumplía órdenes”.

Según la funcionaria, la Subsecretaría General del Ministerio de Salud Pública envió hasta su despacho un comunicado exigiendo el cumplimiento inmediato de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Cuatro días después de la aplicación de esa disposición y del rechazo público de los perjudicados, las autoridades cambiaron el procedimiento y ayer invitaron a los cesados en sus funciones, 200 a nivel a nacional en el MSP, a respaldar el proceso de transición colaborando en los proyectos de capacitación del nuevo personal.

Lo que no significa que postergarán y menos desistirán de la aplicación de la Losep. “Queremos tener una transición ordenada respetando la ley; pero sobre todo la dignidad de las personas”, dijo el ministro del ramo, David Chiriboga, durante la inauguración de la renovada maternidad del Guasmo.

Chiriboga rechazó el mecanismo usado en el hospital Abel Gilbert Pontón, más conocido como Guayaquil, en la aplicación de la ley y anunció que ha “pedido un informe detallado sobre ese evento, porque esa no es la forma como queremos hacer este proceso”.

Igualmente, el presidente de la Federación Médica del Guayas, Orly Oyague, rechazó la “forma irrespetuosa” como se actuó en el hospital Guayaquil.

Según Chiriboga, en el Ministerio de Salud 200 personas, entre médicos y personal administrativo, deberán dejar sus cargos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que dice: “Los servidores a los 70 años que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto”.

De esa cantidad, 60 corresponden a hospitales públicos del Guayas, de los cuales 56 laboran en casas de salud del Puerto Principal: 18 en el hospital Guayaquil, 5 en el Francisco de Ycaza Bustamante, 30 en el José Daniel Rodríguez Maridueña y 3 en el Alfredo J. Valenzuela, confirmó la subsecretaria de Salud, Fátima Franco.

Para todos ellos, el MSP prepara un homenaje especial en reconocimiento a su trayectoria y servicio a la comunidad. Junto con el Ministerio de Relaciones Laborales y de Finanzas, el MSP trabaja tanto en la contratación de las personas que llenarán las vacantes como en la jubilación de los cesados, quienes recibirán un promedio de 36.000 dólares.

Con ese anuncio, el doctor César Molina y sus colegas trabajarán con normalidad hasta diciembre, pues para el próximo año está prevista la culminación del proceso.

Los invitamos (a cesados) a que nos continúen acompañando en este proceso de transición, queremos aprovechar su experiencia para formar a los más jóvenes.
David Chiriboga
Ministro de Salud
(Diario Expreso)

‘En las FF.AA. nos casamos con el proyecto de Chávez’

Las fuerzas armadas venezolanas están “casadas” con el proyecto político del presidente Hugo Chávez, a quien tienen “lealtad completa”, aseguró el general Henry Rangel, responsable del Comando Estratégico Operacional (CEO), en una entrevista publicada ayer en el diario Últimas Noticias.

“La Fuerza Armada Nacional (FAN) no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto de país”, lanzó Rangel.

Según Rangel, “es difícil que la oposición a Chávez llegue al poder. Sería vender el país, eso no lo va a aceptar la gente, la FAN ni el pueblo”, consideró.

El mayor general argumentó que la oposición venezolana “actúa apoyada por terceros países”, lo que “afecta el nacionalismo” y eso es algo que, dijo, los militares no aceptarían. Diario El Universo

Rangel Silva acusó a los sectores políticos contrarios a la revolución de Chávez de mantener una “agenda de ataques” contra la Fuerza Armada y también contra algunos de sus líderes, a quienes intentarían “sacar del camino por serles inconvenientes” para sus presuntos intereses antinacionales.

Los presuntos “ataques están en la agenda de la oposición. El elemento Fuerza Armada, históricamente ha sido utilizado para, de alguna manera, derrocar gobiernos”, indicó.

El presidente Chávez alertó la semana pasada que si la oposición lograra obtener el poder en las urnas en el 2012, él “no tendría cómo contener una revolución violenta”. “Ellos (la oposición) tratarían de echar de la Fuerza Armada a todos los que apoyan a Chávez, y se les alzarían los militares”, declaró el Mandatario.

La alianza opositora de partidos Mesa de Unidad Democrática (MUD) rechazó entonces los dichos presidenciales, que calificó de “irrespeto” a la Fuerza Armada y como un intento de “meterle miedo a la sociedad venezolana”.

“La política de la Mesa es el desarrollo del art. 328 de la Constitución, que dice: La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación”, señaló la Mesa en un comunicado.

La organización Control Ciudadano, que denunció en mayo que militares venezolanos serían miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo que las afirmaciones de Rangel “no sólo amenazan la soberanía popular, sino que también pudiesen estar incurriendo en el delito de rebelión militar, previsto en el Código Orgánico de justicia Militar con penas hasta de 30 años de presidio y expulsión de la Fuerza Armada Nacional.

Mientras, Chávez relanzó ayer en La Habana un convenio de cooperación para los próximos diez años, tras cumplirse una década de la estrecha relación bilateral sin precedentes

Estudiante muere en protestas en Venezuela por cierre de estación de TV

El adolescente de 15 años Yosinio José Carillo murió mientras participaba en una protesta en la ciudad de Mérida. Además, nueve agentes de la policía resultaron heridos por armas de fuego.

Un estudiante murió y nueve agentes de la policía resultaron heridos el lunes en la ciudad venezolana de Mérida, en hechos de violencia relacionados con las protestas por la suspensión de un canal de televisión opositor al Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Los cableoperadores venezolanos, respondiendo a órdenes del Gobierno, dejaron de transmitir la señal de RCTV Internacional el domingo. La estación es crítica de Chávez, quien sacó a su matriz RCTV de la televisión abierta en el 2007.
El ministro del Interior, Tareck El Aissami, dijo en la noche del lunes que el adolescente de 15 años Yosinio José Carillo murió mientras participaba en una protesta en la andina ciudad de Mérida. "Fueron emboscados por desconocidos de una residencia", dijo El Aissami al diario El Nacional.
El ministro dijo que nueve agentes de la policía del estado de Mérida resultaron heridos en las protestas estudiantiles, dos de ellos por armas de fuego.
La policía usó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en Caracas y otras ciudades, quienes protestaban por la nueva suspensión de RCTV, junto a otras estaciones pequeñas, una medida que fue criticada por grupos de libertad de prensa y el Gobierno de Estados Unidos.
"En cualquier momento en que el Gobierno cierra una cadena independiente, esa es un área de preocupación", dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Philip Crowley. Venezuela dijo que Crowley "mintió" cuando dijo que las estaciones habían sido cerradas, y que la suspensión podría ser revertida si ellos cumplen con una nueva ley que exige que transmitan algunos de los discursos de Chávez, entre otras cosas.
"Este no es un ataque a la libertad de expresión, es una sanción administrativa acorde a la ley", dijo Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela en Washington, a Reuters.
El dijo que la suspensión no tiene motivaciones políticas. Estudiantes de universidades y escuelas en la capital marcharon con sus manos pintadas de blanco e intentaron llegar a las oficinas del regulador de medios del Gobierno.
Ellos fueron repelidos por un pequeño grupo de partidarios de Chávez y luego perseguidos por policías antimotines, que lanzó gas lacrimógeno después de que se les arrojó una piedra

Chávez afronta cambios en su gabinete tras renuncia de vicepresidente

El presidente venezolano Hugo Chávez designará en las próximas horas nuevos titulares para la vicepresidencia y el ministerio de Defensa, tras la renuncia presentada el lunes “por motivos personales” de Ramón Carrizález, quien ejerció ambos cargos desde 2008.
Carrizález, un coronel del Ejército retirado, anunció su salida tras seis años ocupando importantes posiciones en el gobierno, entre los que destacan el de ministro de Infraestructura y de Vivienda.
Desde el sábado pasado habían sonado rumores sobre la salida del gobierno de Carrizález por supuestas diferencias con el jefe de Estado.
Sin embargo, en un comunicado oficial de su despacho, el vicepresidente aseguró que su “salida no se produce por ninguna discrepancia en decisiones de gobierno y cualquier versión distinta a lo argumentado para renunciar es falsa y tendenciosa ” .
Chávez por su parte, aceptó la renuncia del responsable y agradeció su “compromiso” durante toda su gestión.
Además, presentó su renuncia la esposa de Carrizález y hasta hoy ministra para el Ambiente, Yubirí Ortega. Ambos se encuentran redactando las actas de entrega de sus cargos y a la espera de “nuevos nombramientos”, según el texto.
Carrizález es el sexto vicepresidente de Venezuela desde que en 1999 se incluyó este cargo, designado directamente por el presidente, en la Constitución aprobada en referendo ese año.
Carrizález es además el único que ha ocupado simultáneamente la vicepresidencia y el ministerio de Defensa, cargos claves en el Ejecutivo venezolano.
Durante su gestión, el vicepresidente renunciante denunció “agresiones” desde Colombia, país con el que Caracas congeló sus relaciones en julio pasado ante la “amenaza” que representa para el gobierno un acuerdo militar que permitirá que tropas estadounidenses operen de forma controlada en al menos siete bases colombianas.
Incluso, como ministro de la Defensa, Carrizález advirtió a los gobiernos de Washington y Bogotá sobre una “respuesta contundente” que darían las fuerzas armadas venezolanas ante cualquier intento de atentar contra su territorio.
Las renuncias de Carrizález y Ortega le siguen a la salida del primer titular del recién creado ministerio de Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez, a quien Chávez pidió abandonar el cargo a cuatro meses de su nombramiento tras un fallido plan de cortes programados en el servicio de luz para Caracas, que duró poco menos de 24 horas.
En la actualidad, el cargo es ocupado por Alí Rodríguez, cuyo anterior puesto como ministro de Finanzas fue asumido por el titular del despacho de Planificación, Jorge Giordani, quien permanece al frente de ambas carteras.
Otro cambio reciente en el gabinete venezolano se dio con la renuncia del ex ministro de Ciencia y Tecnología, Jesse Chacón, quien salió del Ejecutivo luego que su hermano se viera involucrado en un escándalo bancario, que terminó con la intervención y cierre de varias instituciones financieras.
Las nuevas designaciones en el gabinete de Chávez se realizarán en medio de un ambiente de manifestaciones estudiantiles en solidaridad con la televisión privada RCTV, crítica al gobierno, suspendida por las operadoras de cable del país tras no haberse sometido a una ley que las obliga a difundir ciertos mensajes presidenciales.