El 30-S dejó además sanciones para 21 burócratas de tres ministerios

Empleados de tres instituciones del Estado enfrentan sumarios administrativos por paralizar la atención al público el 30 de septiembre, día de la sublevación policial. Ellos pertenecen a los ministerios de Inclusión Social (MIES), Obras Públicas y de Educación.

En el caso del MIES se notificó con la apertura de sumarios a 15 personas, de un listado de 26 que fueron observadas por paralizar el servicio ese día.

A ellas se las acusa de quemar neumáticos en la vía pública, cortar el servicio de energía eléctrica e impedir el trabajo del resto de funcionarios, y de suspender la atención al público. Esto último lo prohíbe la Constitución de la República.

El presidente de la Asociación de Empleados del MIES, Marco Rivera, quien también está sumariado, contó que el 30 de septiembre los trabajadores estaban reunidos en el auditorio de la institución para analizar la Ley de Servicio Público, aprobada el día anterior.

Al lugar llegó la ministra del ramo, Ximena Ponce, y les ordenó acudir a la Plaza Grande para apoyar al mandatario Rafael Correa, quien permanecía en un hospital y había sufrido agresiones físicas.

El dirigente comentó que la asamblea sindical no aprobó ese pedido, pero que algunos colegas acudieron al llamado.

Relató que el grupo que decidió quedarse en el Ministerio quemó llantas “para pedir que vuelva la democracia a la institución y a nuestro país”. Y agregó: “Nosotros no participamos en actos vandálicos... Se sanciona a los que nos quedamos en la institución y no a los que salieron hacia la Plaza Grande (a respaldar al Jefe de Estado)”, cuestionó Rivera.

Por eso denunció que este sumario administrativo es una retaliación en su contra, no solo por su postura contra la Ley de Servicio Público sino por los constantes pedidos de que se paguen los retroactivos de los fondos de reserva y sus reclamos por la falta de participación en la reestructuración de la Secretaría de Estado.

En la misma situación se encuentran cuatro trabajadores del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), que según Patricio Ibarra, presidente de la Asociación de Empleados, se encuentran en la etapa de presentación de pruebas de descargo.

Contó que el día de la revuelta policial se invitó, a eso de las 10:20, a que la gente acuda a una marcha a respaldar al Presidente. “Un grupo asistió a la Plaza Grande, el otro se fue a la Mariana de Jesús y otro grupo nos quedamos aquí. En algún instante se quemó una o dos llantas”, narró el dirigente.

Señaló que en el gremio no realizan apoyo de tipo político, pero que cada persona tiene el derecho de elegir. “Ese día fue un grupo bastante numeroso (el que salió), en especial personal contratado este año”.

Explicó que la suspensión del servicio fue ordenada por “la autoridad”, aunque no quiso especificar a quién se refería.

Ibarra dijo que ese día tenían previsto asistir en la tarde a la Asamblea Nacional, pues se iba a realizar una reconsideración de la Ley de Servicio Público.

Adicionalmente, en el Ministerio de Educación se abrieron dos sumarios administrativos.

Según una dirigente de esa cartera de Estado, que prefirió la reserva de su nombre, se los acusa porque aparecen en unas filmaciones de las cámaras de seguridad del Ministerio en momentos en que se informaba a los funcionarios sobre la disposición verbal de que regresen a sus casas, debido a la conmoción que vivía el país.

“No estaban participando en ninguna acción proselitista, pero se las acusa de paralizar la atención al público”. Para la dirigente se busca sancionar a los empleados por una disposición del presidente Correa.

Detalles: Sector público
Más sanciones
En otras entidades se analiza la apertura de nuevos sumarios administrativos, ese es el caso de la Dirección de Aviación Civil. Los funcionarios explicaron que aún no se los notifica.

Empleados
Según la Asociación de Empleados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en esa secretaría de Estado existen 600 trabajadores, sin tomar en cuenta personal contratado. En el MIES existen 700 empleados en planta central y a nivel nacional son 1.200. En el caso del Ministerio de Educación son aproximadamente 746 empleados y 170 personas a contrato.

Servicio
En los ministerios existe preocupación por la forma en la que se aplicará la disposición de la Ley de Servicio Público de jubilar a aquellas personas que sobrepasen los 70 años de edad

Ministro de Defensa no remite lista de militares a Fiscalía

El ministro de Defensa, Javier Ponce, manifestó que remitirá a la Fiscalía los nombres de los militares involucrados en la sublevación ocurrida el pasado 30 de septiembre, cuando se tomaron la pista del aeropuerto de la capital, si encuentra razones para procesarlos judicialmente.

“Si nosotros encontramos que hay fundamentos y motivos para una causa penal, no vamos a obstruir la justicia y vamos a colaborar con la Fiscalía”, aseguró.

El fiscal general, Washington Pesántez, reiteró esta semana el pedido a ese Ministerio para que envíe la nómina de los uniformados involucrados, especialmente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Según Ponce, en este momento los Consejos de Disciplina están investigando a los responsables e incluso han determinado sanciones administrativas y disciplinarias.

“Nosotros no somos jueces. Tenemos la obligación de responder a la autoridad cuando estemos seguros de nuestras respuestas”, expresó.

Respecto al llamado a juicio político que se tramita en la Asamblea por parte del asambleísta de la oposición Fausto Cobo (SP), por un supuesto incumplimiento de funciones, el Ministro sostuvo que en su momento responderá a las acusaciones si se concreta dicha interpelación

¿Por qué se oponen?

Cuando se produjeron los sucesos del 30 de septiembre, la mayoría gobiernista de la Asamblea Nacional clausuró sus sesiones, declarándose embargada de temor. En lugar de en esos casos pararse firme y defender el orden constitucional, supuestamente en peligro, cerró sus puertas. Pasado el susto y una vez cambiada la guardia policial por una militar, reanudó sus sesiones, y cuando se propuso lo obvio, que se forme una comisión especial que estudie los hechos e informe sobre ellos, la misma mayoría -Alianza PAIS y sus aliados de ocasión y oportunidad- se opuso ¿Para qué una comisión especial, dijeron, si ya se tiene una comisión dominada por el mismo gobiernismo?

Entonces, el bloque de oposición, que cuenta con 57 votos, resolvió exigir que se actúe con buena fe y lógica, a fin de que se haga una investigación exhaustiva, seria y confiable de ese proceso que había caído en manos de los cálculos políticos y se quería imponer a la fuerza la tesis oficial del intento de golpe de Estado, de magnicidio y de secuestro, y resolvió acudir para ello a la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, a fin de solicitarle que se analicen los hechos del 30 de septiembre en busca de la verdad.

Entonces, en el bloque gobiernista del órgano legislativo -como en una situación anterior parecida- hubo un sonoro rasgarse las vestiduras exclamando: ¿cómo acudir a tribunales extraños si aquí tenemos de sobra y de los buenos?

Pero los hechos están jugando en contra de la tesis oficial. Se denuncia que se ha producido un atentado contra el juez Juan Hernández en curiosas circunstancias: los supuestos terroristas, según versión de la ministra de Justicia Inés Serrano, “habrían” ingresado a la casa del juez, manipularon el carro Chevrolet Dimas de su propiedad, “lo estrellaron a alta velocidad contra un muro y luego procedieron a incendiarlo”.

Pero da la feliz casualidad, que nadie estaba en casa del juez.

Pero toda oposición al proyecto terminó cuando el presidente Correa dijo: “Que vengan los de la ONU”, que acudan al pedido de vasallos (cuando son del Gobierno no hay vasallaje) y van a comprobar que hubo un plan de golpe de Estado para lo cual se ha elaborado la teoría de que el solo paro de un sector de la tropa de Policía, es un intento de golpe de Estado, teoría que debe integrarse a las ciencias de la seguridad pública. Jorge Vivanco - Diario Expreso

Otra “violadita”

El Dr. Fernando Casares que no estudió en Bélgica como el Fiscal General, pero que parece ser una persona conocedora de su oficio ha explicado que como garantía fundamental del debido proceso, todo ciudadano debe ser juzgado por su juez competente. Y que el Art. 160 de la Constitución dispone que los delitos cometidos por policías o militares “serán juzgados por salas especializadas en materia militar y policial”. Pero resulta que el Consejo de la Judicatura no ha designado las referidas salas. Es decir que no existen los jueces competentes para juzgar a los supuestos infractores del 30-S y estos no pueden ser procesados, so pena de volverle a pegar otra “violadita” a la Constitución.

Pero claro, esto no es ningún impedimento para que el Fiscal cumpla las directrices de Carondelet. Por eso los delitos están siendo juzgados por jueces comunes (ahora adefesiosamente conocidos como jueces de “garantías penales”, cuando el Derecho Penal es punitivo y no garantista). Jurídicamente el fiscal Pesántez se encuentra -como dijo el Presidente- “más perdido que pijama en luna de miel”, al haber iniciado varias indagaciones cuando debió iniciar solo una.

Adicionalmente, en forma inexplicable desaparecen las balas de los cadáveres para que no se sepa de qué armas provinieron y el Municipio de Quito insólitamente “limpia” las huellas de la infracción en forma inmediata. Se produce un robo en el domicilio del abogado de los policías. Seguramente fueron los ángeles del cielo, quienes después reportan a “su” teniente que habían concluido el trabajo. El próximo hecho noticioso será “el cómo” la oposición trata de vincular al “pobre gobierno” en este delito. ¿Se puede creer todavía en la mentira de una justicia imparcial?

Como dice Juan Luis Guerra en uno de sus populares merengues, “sobran mil razones” para la revocatoria del mandato de Correa. Pero la principal de ellas, es el abuso en el ejercicio del poder. Roberto López - Diario Expreso

Correa no mencionó a Carrión en su versión

En siete páginas remitidas al fiscal Luis Enríquez, el presidente Rafael Correa presentó su informe sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre en el Regimiento Quito 1 y en el Hospital de la Policía.

No hay datos nuevos en la declaración presidencial. El mandatario relata que acudió al recinto policial tras conocer que existían protestas de los gendarmes relacionadas con las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público discutida el día anterior por la Asamblea.

Al conocer que otros cuarteles plegaban a la medida, decidió acudir al sitio “porque tuve conocimiento de que lo único que ocurría allí era una protesta de carácter laboral y que respondía a la falta de información respecto del alcance de la mencionada Ley de Servicio Público, por lo que consideré que mi presencia sería suficiente para esclarecer cualquier duda al respecto”.

“Jamás imaginé -dice él- que lo que se fraguaba era un golpe de Estado y que posteriormente derivó en un atentado cobarde en contra de mi integridad y mi vida”.

En el documento especificó que no llegó al Regimiento predispuesto a confrontar con los manifestantes sino para solucionar el problema desmintiendo los argumentos que generaban el descontento.

Pero que fue recibido con gases lacrimógenos durante el primer intento por tranquilizar a los manifestantes. En la segunda ocasión que buscó entrar al Regimiento también fue agredido con el impedimento de que la mayor parte de su seguridad ingresara al lugar.

El Presidente admite que se salió de casillas ante los pedidos de que derogue la ley “a cambio de deponer su actitud y permitirme salir con vida de allí, al tiempo que gritaban eso hizo Lucio”.

Reaccionó diciendo que no firmaba nada por la fuerza y que si querían lo mataran, pero que no iba a ceder. Hace alusión a los golpes, agresiones y bombas que le lanzaron en ese sitio, sin que sus agresores consideraran que atravesaba por un período de recuperación al haber sido operado de la rodilla derecha “en la cual tenía 25 puntos de sutura y caminaba ayudado de una muleta”.

Cuando cuenta cómo ingresó al hospital policial, el mandatario no menciona que el coronel César Carrión, director de la casa de salud, hubiese impedido su ingreso a ese sitio. Lo que dice es que cuando ya no podía mantenerse en pie tuvo que ser trasladado a emergencias del hospital entre las 10:00 y las 11:00 donde, tras recibir amenazas contra su vida y ser impedido de salir por policías y personas infiltradas, recibió oxígeno y desinflamantes para su rodilla.

Por varias ocasiones menciona que recibió informaciones que alertaban de la intención de matarlo. Lo supo, dice, por interceptación de conversaciones entre los sublevados. La intención de acabar con su vida también estuvo presente, según él, durante la balacera que precedió su salida del Hospital de la Policía conseguida por cerca de 800 miembros del Ejército.

El informe del mandatario, por disposición del fiscal Washington Pesántez, será distribuido a todos los fiscales que investigan los presuntos delitos derivados de la huelga policial

Los detenidos por 30-S ya suman 32
Con la detención de 13 policías en Guayas y el arresto de Luis Montece y Luis Beltrán, implicados en el caso de presunta rebelión por la huelga policial del 30 de septiembre, son 32 los uniformados que guardan prisión.

Uno de los policías, Santiago Padilla, recibió la sustitución de la medida cautelar. Hoy, a las 16:30, Patricio Armijos, abogado de 12 policías pedirá al Consejo de Clases y Policías suspender el trámite administrativo en su contra.

Mientras que ayer acudieron a dar versión ante el fiscal Jorge Cano, los ex jefes del Regimiento Quito 1, Julio Cueva, Edwin Echeverría y José Rivadeneira.

En el caso del cierre del aeropuerto Mariscal Sucre, el fiscal Iván Ron, citó para hoy a las 10:00 al ministro de Defensa, Javier Ponce. También llamó a los comandantes Leonardo Barreiro, Aland Molestina y Patricio Cárdenas.

El martes concluyeron los consejos de disciplina aplicados a 135 militares del Ala 11, acusados de interrumpir las actividades en el aeropuerto. De ellos 52 fueron sancionados con faltas leves, 43 con graves, 2 castigados con falta atentatoria y 89 absueltos.

Pedro Haro, abogado de los 135 uniformados dijo que demandarán al segundo comandante del Ala 11, Antonio Puga, por haber incitado a la toma del hangar presidencial.

Aseguró que hay irregularidades en su actuación, dado que emitió el informe acusatorio a los militares y también impuso sanciones. “Debe excusarse para no ser juez y parte”, expresó. (MCV/ETE)

Malestar en gendarmes detenidos por participar en el cierre del puente
Cuatro horas con veinte minutos después de haberse instalado la audiencia de formulación de cargos por los sucesos del 30 de septiembre en el juzgado décimo octavo de lo Penal del Guayas, situado en Durán, la desazón reinó entre los policías acusados de protestar y causar caos y disturbios en el puente Rafael Mendoza Avilés y en los alrededores del regimiento policial de Guayaquil.

“Esto es injusto, están haciendo pagar a justos por pecadores”, expresó un gendarme con rango de sargento, quien caminaba junto a algunos de sus 12 compañeros, contra quienes el juez Julio Vásquez, acababa de dictar las órdenes de prisión preventiva.

La medida cautelar había caído también sobre el vigilante de la Comisión de Tránsito del Guayas, Kléber Cinchiguano, acusado de haber apoyado la protesta en Guayaquil.

La noche había caído sobre la ruidosa avenida Sibambe, del centro de Durán, donde queda el juzgado, pero era más negra para los agentes que bajaban del juzgado con dirección a los calabozos del GIR y del GOE. Uno de ellos tapó su cara con hojas de periódicos, mientras era escoltado por 4 agentes de civil hacia un patrullero. Otros caminaron hacia los carros policiales con rostros desencajados y sin decir una sola palabra a los periodistas que aguardaron desde las 14:00 por los resultados de la diligencia.

El juez Vásquez también bajó y presuroso subió a su vehículo, sin pronunciarse.

Contrariamente, el fiscal René Ormaza declaró a la prensa que con vídeos y fotografías facilitados por los medios de comunicación y por las autoridades policiales, además de testimonios, lograron demostrar al juez los indicios de responsabilidad de los uniformados.

Ahora, los trece implicados deberán demostrar su inocencia. (JAA). Diario Expreso

Otra pugna por el desayuno escolar

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación nuevamente se encuentra en el centro de una polémica después de que el MPD, a través del asambleísta Jorge Escala, denunciara actos de corrupción que habrían llevado a la reducción de la cobertura de alimentación a nivel nacional.

La denuncia radica en que en este año se dotará de desayuno escolar o refrigerio a un total de 1’466.936 niños de escuelas rurales y urbano marginales del país, lo que significa una reducción en relación a 1’583.572 alumnos que fueron atendidos en el 2009. Y esto pese a que en este año, el presupuesto para el programa creció en 10’479.491 dólares.

La comparación de las cifras llamó la atención a los maestros que esperan la dotación de los productos para alimentar a sus estudiantes, y con ello también a los miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y a los asambleístas del MPD, quienes -a través de Escala- denunciaron ayer que los actos de corrupción en el Ministerio de Educación están violando el derecho de los niños a recibir una alimentación nutritiva y equilibrada.

Pero para el PAE la respuesta a esta denuncia es clara. Justo Tobar, director del programa, considera que la denuncia se basa en una descontextualización de las cifras que fueron provistas por el Ministerio y remitidas al asambleísta Escala para cubrir su requerimiento de información sobre el tema.

El problema está en que, para este año escolar, la disposición del programa cambió y ya no incluye el almuerzo, sino que las escuelas recibirán únicamente desayuno o refrigerio dentro del programa.

Si bien esta lógica podría dar pie a la denuncia, la información que proporciona el PAE da cuenta de que la decisión de eliminar el almuerzo fue para fortificar el desayuno escolar modificando los productos que se entregan por este concepto y a la vez ampliar la cobertura en el tiempo. Es decir, que ahora los niños reciban sus raciones alimenticias los 200 días que dura el ciclo escolar y no solamente los 120 que cubría la alimentación en el 2009.

Pero Escala sostiene que eliminar el almuerzo y mantener los productos, aunque se incrementen 80 días de cobertura, no justifican el aumento de 10’000.000 de dólares.

Pero Tobar lo contradice y argumenta que la ampliación de los 80 días sí justifica el incremento en el presupuesto, además de que, con toda seguridad, el 2010 terminará con una cobertura mayor a la del año anterior.

De hecho, hasta ayer la página de Internet del PAE registraba 1’466.936 niños dentro del programa a nivel nacional, aunque a la fecha en que el Ministerio remitió la información a la Asamblea, la cifra era de 1’448.930 alumnos, es decir, que en un mes y medio la cobertura se habría incrementado en 18.000 estudiantes.

Otra de las razones del PAE que justifican el incremento de la inversión es que los productos fueron modificados y que, pese a que los empaques sean los mismos que en las raciones de 2009, estos tienen un incremento sustancial en su valor alimenticio. “Antes la colada tenía un buen porcentaje de harina de trigo pero hemos logrado cambiar la fórmula para que sea cambiada por harina de arroz y de fréjol, mejorando el producto. Para apoyar a los pequeños productores de leche, hemos incrementado el porcentaje de leche para la colada a un 20%”, asegura Tobar, pese a que Escala en su denuncia exhibió los productos que reciben las escuelas asegurando que son los mismos de 2009.

Al final, esta polémica que rememora otras de años anteriores en el programa, la deberá saldar la Contraloría. (FGC)

Las raciones fortificadas no llegan a todas las escuelas fiscales del país
El atraso y la falta de entrega de los productos que conforman el desayuno escolar mantienen preocupados a los directores de varias escuelas fiscales de Guayaquil. Desde hace dos semanas los planteles esperan la llegada de las raciones de colada fortificada, leche, hojuelas de granola y galletas integrales que forman parte del refrigerio en algunos casos, o del desayuno, en otros.
El encargado de hacerlo es el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación.
En la escuela Mercedes Moreno Irigoyen, que educa a 352 niños, los productos están a punto de terminarse. “La última entrega debió llegar a finales de octubre, pero creo que por el feriado está un poco atrasada”, manifestó Nerie Castillo, director del plantel.
El educador expresó su preocupación de que la nueva remesa de alimentos -correspondiente al último trimestre- no llegue a tiempo y los estudiantes sean los perjudicados. “La mayoría de niños asiste a clases sin desayunar en sus hogares y aquí les damos el alimento para que pueda mantenerse hasta la hora del recreo”, explicó.
La República de Costa Rica (Lizardo García y Hurtado) solo cuenta con galletas, mientras que las barras de granola se terminaron hace una semana.
La directora del plantel, Gerarda Chóez, indicó que los directivos del PAE prometieron entregarles los ingredientes la próxima semana.
En cambio, hay planteles como la Isla San José (la 13 y 10 de Agosto), 1 de Junio (Guasmo Sur) y Víctor Emilio Estrada (Los Ríos y Bolivia), entre otros, que todavía no reciben la ayuda prometida. En este periodo lectivo el Ministerio extendió el programa de alimentación escolar de 80 a 200 días.
Con ello, la cobertura nacional subió a 1’519.441 niños, de primero a séptimo de educación básica del sector rural y urbano marginal.
En la Costa son 8.846 los centros que tienen sus raciones de alimentos, lo que corresponde a 886.478 escolares y una inversión de más de $ 77 millones, según datos de la Dirección Provincial de Educación.
No obstante, la Unión Nacional de Educadores (UNE) maneja otras cifras.
Ernesto Castillo, miembro del gremio y director de la escuela fiscal 24 de Mayo, ubicada en Esmeraldas y Aguirre, recuerda que en el 2009 el presupuesto para el programa fue de $ 53’182.000 para beneficiar a 1’583.000 alumnos de 15.820 planteles. Mientras que en el 2010 el presupuesto aumentó en $ 63’000.000, pero los beneficiarios bajaron a 1’448.000 estudiantes de 14.918 establecimientos.
Según Castillo, hay 135.000 alumnos excluidos del programa, lo que significa que a nivel nacional son más de 800 planteles los que ya no reciben alimentación escolar. (MTM). Diario Expreso

¡Hallan gran laboratorio de coca en Colimes!

La Policía volvió a dar un golpe duro al narcotráfico al descubrir un nuevo laboratorio para la elaboración de cocaína, en horas de la mañana de ayer, en el recinto San Francisco de Perinao, a treinta minutos del cantón Colimes, en la provincia del Guayas.

El operativo fue realizado en conjunto por agentes de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y el Servicio Aéreo Policial.

Durante varios meses la investigación de inteligencia condujo a los uniformados hasta este apartado lugar, donde los narcos habían construido un sofisticado laboratorio para la producción de la droga. El difícil acceso montañoso permitió que durante aproximadamente dos años se lleve a cabo todo el trabajo ilícito en una extensión de una hectárea y media de terreno, a cincuenta metros del río Perinao. Desde este lugar y mediante bombas de succión los mafiosos almacenaban agua en un gran reservorio, también tenían un planta generadora de energía para abastecerse de luz, utilizaban radios de frecuencia corta para comunicarse, debido a la falta de señal de celular en el sector.

Al parecer, alguien informó a los narcotraficantes que la Policía estaba cerca del lugar, por lo que fugaron rápidamente con toda la droga. Al llegar al sitio los gendarmes solo encontraron las caletas vacías que estaban en medio de la espesa vegetación, en improvisados huecos en la tierra.

Para llegar a este lugar, las autoridades y los periodistas de diferentes medios de comunicación, entre ellos Diario EXTRA, tuvieron que abordar un helicóptero de la Policía desde Colimes.

Un estrecho camino polvoriento, entre la espesa vegetación de árboles de samán, permitía a los narcos sacar la cocaína.

En este operativo fueron detenidos dos sospechosos, quienes se encontraban en dos viviendas a la entrada de la propiedad, que eran las garitas utilizadas por los hampones para monitorear la entrada y salida de personas.

Los sujetos capturados serían los custodios del laboratorio, y responden a los nombres de Darwin Darío Alcívar, de 40 años de edad, y Óscar Alcívar Lazcano, de 38, quienes tenían en su poder una subametralladora y un revólver calibre 38mm. Previo a su traslado a la Jefatura Antinarcóticos en Guayaquil, ellos manifestaron que “no sabían nada” y que solo veían en las noches y tardes cómo vehículos sospechosos transitaban hasta 4 veces al día por el lugar, con personas de acento colombiano. Además indicaron que esta propiedad era de un conocido empresario colimeño de apellido Aguayo.

El fiscal de Antinarcóticos, Jorge Solórzano, confirmó a EXTRA que en las próximas horas se realizarán varios allanamientos en diferentes sectores de la provincia.

Uno de los agentes del ULCO señaló que en este laboratorio se mezclaba la cocaína con propulsores químicos para compactarla en bloques de 1 kilo, cuyo valor en Ecuador sería de dos mil dólares, en Estados Unidos, cuarenta mil; y en Europa, ochenta mil cada kilo.

La Policía sospecha que semanalmente 250 kilos se procesaban desde este lugar. También se encontró un logotipo en forma de una herradura, que sería el sello que llevaba cada envío. Diario Extra

¡Entraron a su casa, la pusieron de cabeza y solo se llevaron computadores!

Con voz temblorosa Patricio Armijos, abogado defensor de los policías involucrados en la revuelta del 30-S, relataba cómo los delincuentes ingresaron a su casa, ubicada en la décimo sexta transversal de la vía vieja a Guangopolo, en el nororiente de Quito.

Su celular no paraba de sonar y narraba contrariado que los malandrines ingresaron armados con pistolas a la amplia habitación, donde su esposa y su hijo menor miraban uno de sus programas favoritos. Aterrados observaron cómo los delincuentes les apuntaron con armas y luego eran maniatados fuertemente con cintas de embalaje.

Mientras ellos eran amedrentados por los pillos, otro de sus hijos ingresaba al domicilio. Al darse cuenta de la presencia del joven los atracadores se ocultaron rápidamente para emboscarlo.

El tiempo parecía haberse detenido en la casa de la familia Armijos. Los ladrones ponían la casa de cabeza y hurgaban en cada rincón. El abogado no se encontraba en el domicilio en ese momento.

Aunque en la casa existían cosas de valor, los hampones solo se llevaron las computadoras, arrancaron una cortina y abrieron la puerta principal con el control remoto para luego fugarse.

La esposa de Armijos, Margoth Alaya, aseguró que “nos amenazaron con una pistola, luego nos amarraron. Yo les pregunté porque nos hacían esto y ellos respondieron: eso es por culpa de tu esposo que nos está haciendo daño. Después hicieron una llamada y dijeron teniente estamos listos vamos a salir”.

En una de las computadoras estaba parte de los expedientes de los policías involucrados en la insubordinación del 30 de septiembre.

Por su parte, el personal de Criminalística de la Policía recorrió cada centímetro del inmueble buscando vestigios que conduzcan al paradero de los delincuentes y las posibles causas del suceso.

La Unidad de Delitos contra la Propiedad de la Policía Judicial de Pichincha también estuvo en el lugar recogiendo las versiones de los afectados para iniciar las investigaciones del caso.

La semana pasada también fue atacado el juez Juan Pablo Hernández, a quien le destrozaron su vehículo que estaba estacionado en el garaje de su casa. Hernández es uno de los jueces que lleva adelante una de las investigaciones del hecho del 30 de septiembre.

Armijos indicó que iniciará nuevas acciones, para lo que hoy acudirá a la 16:30 al Consejo de Policías y Clases. Diario Extra